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LP.ES Y AGENCIAS
Martes, 3 de noviembre 2020, 18:02
El Ministerio de Igualdad ha activado la consulta pública previa al anteproyecto de ley de igualdad plena y efectiva de las personas trans, que permitirá el cambio registral de sexo sin necesidad de informe médico o de someterse a tratamiento para cambiar la apariencia física. En concreto, la futura ley trans acabará con la patologización de la transexualidad e incluirá la autodeterminación del género.
La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI anunció el pasado viernes que la consulta estará abierta hasta el 18 de noviembre para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo. La ciudadanía podrá enviar al Gobierno su aprobación, rechazo u observaciones acerca del proyecto de ley enviando un email a participacion.publica@igualdad.gob.es .
En el documento de la consulta pública, entre los «problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma», el Ministerio incide en tres puntos. En primer lugar, la nueva ley permitirá a los menores de edad solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. Así, las personas trans que lo deseen podrán solicitar el cambio de sexo en su documento de identidad aunque sean menores de edad.
En segundo lugar, se posibilitará también el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas extranjeras con residencia legal en España.
En cuanto a la despatologización de las personas trans en España, clave en la nueva ley, la normativa permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de aportar documentación médica y psicológica. Hasta ahora, según la Ley 3/2007, de 15 de marzo, para llevar a cabo la rectificación del sexo registral se exige aportar o acreditar disforia de género, mediante informe médico o psicológico clínico, así como someterse a tratamiento médico durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado (por ejemplo, cirugía de reasignación de género.
En el documemento, el Ministerio recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional, el artículo 14 de la Carta Magna garantiza la no discriminación de las personas transexuales, y subraya también que el artículo 9 mandata a los poderes públicos a eliminar los obstáculos para que esa igualdad sea real y efectiva.
Defiende así el Ministerio la necesidad de una ley que «despatologice las identidades trans», más aún cuando ocho comunidades ya han legislado en ese sentido, garantizando el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento del nacimiento.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en una entrevista en RNE que esta ley es «una deuda histórica» que existe con el colectivo trans y que recogerá tanto la reparación de las posibles víctimas de discriminación como el acceso efectivo a derechos que son vulnerados.
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