Las contradicciones del testaferro de Zaplana

Fernando Belhot, el supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, es una pieza clave en el relato acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, fue el letrado uruguayo el que transfirió cerca de siete millones de euros de una cuenta de Suiza al juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. El dinero pertenecía, siempre según Belhot, al patrimonio del exministro. Zaplana siempre ha negado tener cuentas en el extranjero o cualquier tipo de entramado societario desde el que manejara dinero negro. Es la misma versión que mantiene desde que entró en prisión.

Belhot, en cambio, ha variado su versión con el paso del tiempo y quizá el cambio de algunas circunstancias. LAS PROVINCIAS ha accedido a la declaración que el experto fiscal uruguayo prestó en las diligencias del caso Lezo, que mantiene investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, amigo de Zaplana, como buena parte de la excúpula del PP. Belhot, en su declaración en sede judicial en la Audiencia Nacional, indicó: «Nunca facilitamos a Zaplana la constitución o venta de una estructura societaria ni en España ni en el extranjero». Añade que nunca ha sido cliente y que se conocieron después de que el exministro de Trabajo abandonara la política a través del club siglo XXI.

En el caso Lezo, Belhot fue interrogado a raíz de la participación en un negocio de unas patentes de productos de limpieza de aguas en las que Zaplana y González planeaban invertir al 50 por ciento cada uno de ellos. Este negocio finalmente no se llevó a cabo.

Esta comparecencia en calidad de testigo -tiene, por tanto, la obligación de decir la verdad- se produjo en mayo de 2017, en una causa en la que Zaplana no está investigado. En enero de 2019 modificó su versión sobre Zaplana y llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para declarar también como testigo y entregar el dinero que supuestamente manejaba del ministro a través de cuentas en Suiza y otras estructuras repartidas por medio mundo.

Así, el testaferro ha dado dos versiones diferentes e incompatibles en dos causas penales en las que comparecía como testigo. Desde el entorno del exministro consideran que esta es una de las numerosas debilidades con las que cuenta la acusación. Cuando declaró en la operación Erial, el pacto con Anticorrupción se fraguó en el viaje del fiscal a Uruguay, entregó siete millones de euros al juzgado -tras esto se autorizó la salida de la cárcel del expresidente de la Generalitat- y, además, informó de que se le habían entregado en mano aproximadamente otros dos millones a lo largo de su relación. Esto se hizo siempre a través de un sistema de 'agentes cambiarios' que permiten entregas de dinero sin que el efectivo viaje realmente. El contacto para estas gestiones era la secretaria de Zaplana, Mitsuoko Henríquez.

La única declaración hasta la fecha que inculpa directamente a Zaplana es la del abogado Belhot al margen del análisis de documentación, la grabación de reuniones en Madrid entre ambos y los informes incriminatorios de la UCO. El resto de investigados en la causa, hasta la fecha, o bien se han acogido a su derecho a no declarar o han negado los hechos.

La investigación sigue su curso en el juzgado de Instrucción 8 de Valencia. La última parte de las pesquisas que seguía bajo secreto se conoció este pasado mes de julio. El hecho más relevante ha sido la implicación de Fernando Castelló, exconseller de Industria, en el cobro de una supuesta comisión de 150.000 euros de una de las empresas beneficiadas con el plan eólico, una de las operaciones, junto con la privatización de las ITV, en la que se analiza el cobro de comisiones a cambio de amaños.