La contratación en las empresas públicas valencianas, desmadrada

La contratación en las empresas públicas de la Generalitat es un cajón de sastre de tal calibre que no han pasado ni cinco años y se ha vuelto a acordar un acuerdo entre el Consell y los agentes sociales con el fin de intentar poner un poco de orden ante una política de personal que se ha revelado como un fracaso sin paliativos. En menos de un lustro, es el sexto acuerdo. La caducidad de un paquete de fideos es mayor que la vigencia de esos acuerdos.

La Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat (SPI) se ha reunido este pasado jueves. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, la presidió. En realidad, Soler puede hacer poco respecto al desmadre en la contratación. Tuvo que escuchar las quejas de los agentes sociales. Desde la UGT se advirtió de la necesidad de poner órden en unas políticas de personal que arrojan un balance negativo desde que en 2017 se constituyese esta comisión. En materia de contratación, un fiasco. En cada conselleria hacen de su capa un sayo. No es que antes la situación fuese mejor. La situación viene de muy lejos. De hecho, el propio Soler fue conseller de Administración Pública en los años de Lerma al frente de la Generalitat y sabe que se trata de terreno pantanoso. Cada conselleria pone en marcha empresas, fundaciones y todo tipo de entidades en virtud de sus necesidades (o caprichos, o ganas de eludir los controles que se ejercen con mayor rigor en la actividad de la Generalitat). El resultado es que, al final, se ignora lo que pasa en el conjunto del sector público instrumental. Que perdure un chiringuito es más sencillo si la contratación obedece a una especie de paella rusa.

La comisión ha dado diez días a las empresas públicas para que comuniquen el estado de sus plantillas, para saber cuántos son funcionarios, indefinidos fijos, interinos, eventuales... porque ahora mismo no se sabe. El desbarajuste es de tal magnitud que se acordó firmar un nuevo acuerdo para intentar coordinar unos criterios de contratación. Será el sexto acuerdo firmado en menos de cinco años. Los cambios en la legislación laboral nacional tampoco han contribuido a que la situación mejore. Al contrario.

«Desde la Generalitat queremos aportar control y rigor a los procesos, pero sobre todo retomar la planificación y transparencia como ejes en la gestión de los recursos humanos», señaló la directora general del Sector Público y Patrimonio, Isa Castelló. Ya tiene trabajo. Fuentes sindicales señalan que hay cerca de 8.000 nónimas vinculadas a todo ese entramado de empresas públicas, y que casi la mitad de las plantillas no son funcionarios y, en realidad, no saben ni lo que son. Los informes de la Inspección General de Servicios en relación a este tipo de berenjenal en lo referente a los recursos humanos del sector público instumental, emitidos durante la pasada legislatura, están todavía vigentes. Fuentes del Botánico admiten que hay mucha tela que cortar.

La Generalitat ha sacado un total de 2.519 plazas a Oferta Pública de Empleo desde 2016 a 2021 al tiempo que se han regularizado las bolsas de empleo en todas las entidades, «eliminando prácticas opacas y generalizando el uso del concurso oposición para la selección definitiva y temporal de perfiles, aunque con grados de cumplimiento dispares entre las distintas entidades», según una nota emitida por la Conselleria de Hacienda. Castelló ha subrayado que «la Comisión de Diálogo Social del Sector Público se creó en febrero de 2017, antes no existía. No había ningún espacio de negociación colectiva y participación que abarcara todo el Sector Público Instrumental, pero desde el Consell se quiso crear este foro de diálogo».

Tan cierto es lo que dice Castelló como que la falta de capacidad cohercitiva o de competencias de ese instrumento ha permitido que en cada conselleria ignoren olimpicamente los acuerdos a los que llega la comisión. Haría falta que alguien de rango jerárquico muy elevado llamase al orden. Y más arriba de los consellers sólo hay una persona, el presidente de la Generalitat. Fuentes del Botánico admiten que el grado de cumplimiento de las distintas empresas públicas de los acuerdos alcanzados en esa comisión, e incluso de la ley laboral en general, es muy distinto, algo que es responsabilidad de esas corporaciones y de las distintas consellerias a las que están vinculadas.

Si ya es difícil poner orden en el reino de taifas que son las consellerias y sus respectivas empresas en un gobierno de coalición, a eso se suman los cambios legislativos. Muchos trabajadores, miles, acaban en un limbo legislativo y laboral. Los sindicatos reclaman orden. El Consell todavía no ha dado con la tecla.

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