El contrato de la polémica

Son apenas dos páginas pero han provocado todo un terremoto político. El contrato por el que el PP supuestamente pretendía investigar al hermano de Ayuso se adjudicó, sin concurso público y por «trámite de emergencia». La Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2020, en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria de covid y en una situación de desabastecimiento mundial de mascarillas, compró 250.000 tapabocas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive SL.

El Gobierno regional pagó 1.250.000 euros sin IVA, 1.512.500 euros con IVA. O sea, algo más de 6 euros por mascarilla, un precio que en la actualidad sería desorbitado, ya que ahora esos dispositivos se encuentran por menos de un euro a precio minorista. Sin embargo, al principio de la pandemia fueron numerosas administraciones las que hicieron compras muy por encima del precio habitual de mercado.

Según la resolución que firmó la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, las mascarillas compradas a Sportive fueron destinadas a «garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios» del Pabellón 10 de IFEMA, convertido entonces en una improvisado hospital de campaña para los contagiados.

Las mascarillas, según todas las fuentes consultadas, llegaron el 10 de abril de 2020, diez días después de la adjudicación, y fueron repartidas de inmediato.

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