El 20% de todos los contratos menores del país, en la Comunitat

El informe lo ha elaborado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) de España, un órgano colegiado independiente de la Administración General del Estado configurado por consejeros a propuesta del Ministerio de Hacienda. El documento fue una de las herramientas utilizadas la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat para alertar de la deficiente contratación pública del Consell. Un análisis de la IGS que advierte de la falta de agilidad, planificación y coordinación en las adjudicaciones tramitadas desde cierta «inseguridad jurídica», lo que incrementa los conflictos en los juzgados entre la Administración y los potenciales adjudicatarios.

La OIReScon recopila los datos de contratación de las diferentes comunidades autónomas del país. En su último informe, de los algo más de 200.000 contratos menores (209.639) que se realizaron en toda España durante 2020, un total de 41.450 se elaboraron en la Comunitat, dato solo superado en todo el país por Navarra.

«El dato no me extraña. Muchos contratos están hechos a medida. En empresas públicas, ayuntamientos, consellerias... Los contratos se están adjudicando con apenas un par de presupuestos presentados, y en ocasiones es a petición de la propia Administración con sus suministradores habituales de servicios. A nosotros nos llaman para que presentemos ofertas en adjudicaciones hechas a medida, y es obviamente porque necesitan hacer el paripé con alguna empresa más que la que va a salir», explica un proveedor habitual de servicios a empresas de la Generalitat.

En 2018, según la memoria de la Junta Superior de Contratación Administrativa del Gobierno valenciano aprobada por el Consell, se registraron 21.455 adjudicaciones directas. La Generalitat y su sector público instrumental va a inscribir a lo largo de 2019 un total de 28.918 contratos. En 2020, año de pandemia (pero no sólo para la Generalitat, porque todas las Administraciones del país tuvieron que hacer frente a esa terrible crisis sanitaria), la Comunitat no sólo dobló las cifras de contratación menor de 2018 sino que lidera, después de Navarra, la comparativa nacional. La arbitrariedad a la hora de contratar, lejos de acotarse a la pandemia, se ha mantenido, porque el Consell modificó la ley de contratos, mediante una disposición adicional, para que todos los contratos que se requirieran para poder hacer frente a la recuperación económica se pudieran tramitar por emergencia.

Son adjudicaciones sin controles previos y auditadas de manera muy sencilla, aleatoria y generalmente después de haber sido encargadas y pagadas. En 2020 se firmaron cada día 113 adjudicaciones de este tipo. Cada cuarto de hora, la Generalitat realizó, a través de sus consellerias o de las empresas del sector público instrumental, un contrato menor. En realidad, pasa menos tiempo entre uno y otro, porque ese cuarto de hora de lapso sería real si contásemos las 24 horas de cada una de las jornadas de los 365 días de un año.

A lo largo de ese año, en la Comunitat se registraron un total de 43.691 adjudicaciones, entre contratos menores, procedimientos abiertos, negociados, prórrogas, encargos... De este modo, el peso del contrato menor, lejos de rebajarse por parte de la Administración, se incrementa. Si en 2018, se realizaron 24.140 adjudicaciones, de las cuales un 89% correspondía a contratos menores, en 2020 fueron el 95% del total.

¿Qué control se lleva de todo eso? Un concurso público está escrutado de una manera mucho más minuciosa. La cantidad de dinero de la adjudicación es tan importante, y son tantas las empresas que compiten, que hay supervisión previa y posterior. Es imposible aplicar esa misma vigilancia a esas miles de adjudicaciones minúsculas, casi de andar por casa. La Sindicatura de Comptes, la institución estatutaria encargada de auditar las cuentas de la Generalitat, practica una revisión anual de contratos menores, y de todas las consellerías se eligen unos cuantos. En 2018, de las diez consellerias, se actuó en los procedimientos de tres, y de esas tres, una muestra de menos de un centenar.

La Sindicatura de Comptes instó en 2019 a la Generalitat a implantar en cada conselleria «controles informáticos que garanticen el adecuado tratamiento de la información sobre la contratación menor». Esos sistemas están aún en fase de implantación y no se espera su funcionamiento en lo relacionado con la contratación (para detectar fraccionamientos) hasta el año próximo.

La institución que dirige Vicent Cucarella ya lamentaba en diciembre de 2017 el fraccionamiento indebido, especialmente en el ámbito sanitario, y recomendaba «reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa» en esta área. El tripartito, lejos hacer caso a los consejos de la institución auditoria, ha continuado extendiendo esta práctica cada vez en mayor medida. Es el pan de cada día.

El recurso a la contratación menor no sólo obedece a una falta de planificación. En ocasiones, la Administración se mueve con tal lentitud que para agilizar la tramitación se opta por este tipo de adjudicación. Los informes de la IGS instan a incrementar «la planificación y programación de la actividad contractual» desde la fase de la proposición de las licitaciones. Igualmente, el informe reclama dimensionar, formar y seleccionar a los equipos de gestión de los servicios de contratación, impulsar la informatización de la gestión y revisar los procesos para «suprimir ineficiencias y ajustar los tiempos de tramitación».