Convergència y el PP, atrapados en las donaciones para financiar al partido

En la corrupción no importa la ideología de los participantes ni el área geográfica en la que operan. Lo más importante siempre suele ser el método. Y en el blanqueo de capitales para financiar campañas políticas, al parecer, coincidieron Convergència y el Partido Popular durante el mismo periodo (2008-2015). Esta circunstancia invita a pensar, según fuentes judiciales, que este sistema –articulado en las donaciones a los partidos por parte de sus responsables– era lamentablemente común entre la clase política.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido recientemente la imputación de 12 exdirigentes y altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por un delito de "blanqueo de capitales" cuya finalidad habría sido financiar ilegalmente al partido, según un escrito del ministerio público difundido por medios como El Periódico y La Vanguardia. Cuatro de los sospechosos tuvieron cargos en los gobiernos de Jordi Pujol y Artur Mas. Se trata de los consellers Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané e Irene Rigau.

El fiscal basa la incriminación en informes de la Guardia Civil que analizan la contabilidad de CDC y las donaciones que recibían la formación y sus fundaciones cercanas. En un primer momento, el instituto armado descubrió el sistema de doble contabilidad entre el partido y las fundaciones, según esas informaciones.

Fondos desconocidos

Ahora, Anticorrupción amplía las pesquisas. Sostiene que las donaciones realizadas por personas físicas, muchas de ellas altos cargos de Convergència, pueden ocultar "algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa, y justifica, fondos de origen desconocido". Podría tratarse de comisiones a cambio del amaño de adjudicaciones. Llama la atención que buena parte de estas colaboraciones son entre 1.500 y 3.000 euros.

Se trata de similares sospechas a las que se acumulan sobre medio centenar de excargos del PP. Las donaciones que se registraron en la campaña de 2015 –aportaciones voluntarias de 1.000 euros que posteriormente eran reintegrados en dos billetes de 500 euros– escondían supuestamente el blanqueo del dinero negro que el PP tenía en su contabilidad paralela, siempre según la tesis de Anticorrupción.

En las campañas anteriores, 2007 y 2011, se empleó el método de que agencias de comunicación sirvieran para canalizar las entregas de dinero de los contratistas habituales del Ayuntamiento. Pero también como en el caso de CDC se utilizaban fundaciones satélites del partido para llevar adelante esas finanzas en B.

En este aspecto, parece clave el papel que tuvo el vicealcalde Alfonso Grau. Fundaciones controladas por el Consistorio pagaron por trabajos ficticios a una de las agencias investigadas. Igual que en Catalunya.

La investigación afronta esta semana un episodio que puede ser determinante. Dos investigados, el exedil Alberto Mendoza y la exasesora Cristina Montalvá, solicitaron al juez acudir nuevamente a declarar. Es una incógnita cuál será el contenido de su comparecencia -se especula con que apuntalará las tesis de Anticorrupción- y qué conseguirán a cambio. Es decir, si se les podrá aplicar la atenuante de confesión y la rebaja que esto supondría en la petición de pena de la fiscalía. El blanqueo de capitales está castigado con hasta seis años de cárcel. El fiscal aguarda que el juez cierre el caso para presentar su escrito. La causa lleva absolutamente parada más de un año sin explicación. De hecho, las testificales del próximo viernes suponen reactivar las diligencias.