Corbín y Grau emergen como cabecillas de Azud

Las pesquisas encuentran dos grandes protagonistas. Por un lado, Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. Por otro, Alfonso Grau, mano derecha de la primera edil que encadenó mayorías absolutas en el Ayuntamiento. El papel de uno y otro, sin duda, ha ensombrecido el legado de la icónica alcaldesa y referente nacional de los populares.

Corbín comenzó su carrera profesional como periodista. Lo hizo en el periódico 'Jornada', el diario que dirigía José Barberá, padre de la futura alcaldesa. Más tarde montó un despacho de abogados. El bufete creció y se ubicó en la zona noble de la ciudad, en Grabador Esteve. El análisis de las cuentas de la sociedad desveló una situación, de entrada, sorprendente. El 80% de sus ingresos provenía de contratistas del Ayuntamiento. También hallaron otro dato significativo: la derrota del PP supuso un derrumbe espectacular e inexplicable de su cifra de negocio.

Las indagaciones de la UCO han permitido concluir, al menos de manera indiciaria, que los grandes adjudicatarios facturaban a Corbín por servicios ficticios. No se ha encontrado documentación que demuestre la existencia de una relación real entre las sociedades. Pero, ¿por qué le pagaban? Uno de los empresarios que le contrató en el fallido proyecto del centro comercial con pista de esquí lo explicó, quizá con cierta ingenuidad, a los agentes. Era el cuñado de la alcaldesa y se movía muy bien en el Ayuntamiento, indicó.

Ahora bien, ese el papel de intermediario o conseguidor del cuñado, ¿implicaba algo más? La duda que se plantea es hasta qué punto su acción impulsó o forzó a un amaño de las adjudicaciones. De momento, no hay pruebas concluyentes de ilegalidades en ese sentido, aunque algún informe apunta en esa dirección. Se trata, no obstante, de aspectos de enorme dificultad para acreditar. ¿Puede que Corbín recibiera unas gratificaciones al hacer creer a las empresas que de él dependía la adjudicación y que, en realidad, no hiciera nada más allá de pedir información?

El último informe de la UCO pretende acreditar una relación, de mayor o menor intensidad, con el equipo de Gobierno de la exalcaldesa. Los mensajes de Corbín con los concejales, no obstante, no revelan ninguna irregularidad manifiesta. Pero sí atestiguan que disponía de los contactos necesarios y que estos le atendían precisamente por su condición de familia de Barberá. Algo que, por otra parte, entra dentro de la lógica.

El letrado consiguió una cifra importante. Sólo del contrato de Acciona y de lo que estaba previsto que ingresara por la UTE Los Hornillos (una de las plantas de basura próximas a Valencia) ronda los tres millones de euros. También cobró del conglomerado de Jaime Febrer, un empresario salpicado por la denominada trama de los colegios, aunque el sumario muestra que era un negociante de escaso éxito. Los investigadores calculan que, en total, el despacho pudo embolsarse cerca de cinco millones de euros.

El hecho de aceptar ese dinero sería un cohecho. Pero la investigación, en este punto, topa con un problema prácticamente desde el origen en las pesquisas. Corbín no es funcionario ni autoridad. Ejercería, pues, una labor de persona interpuesta para hacer llegar esa dádiva o recompensa a un tercero con esa condición. Es ahí donde la equis de la ecuación parece esconder la figura de Barberá. Sería la alcaldesa quien, en cierta medida, terminaría disfrutando también del patrimonio acumulado por su cuñado. Pero la tesis resulta complicada de sostener en un eventual juicio.

Este razonamiento se intuye, por ejemplo, en las reformas del chalé de lujo de la urbanización el Tossalet, en Xàbia. Las actuaciones se pagaron en efectivo, según las indagaciones. Es cierto que los pagos en efectivo eran más comunes en el pasado y hoy prácticamente han desaparecido. Pero el nivel de esos abonos evidencia que la familia movía una gran cantidad de efectivo.

Existe, además, otro indicio de esa posibilidad, la del abundante efectivo, que los agentes vinculan al cobro de comisiones: los premios de Lotería de Navidad de una falla que no era la de la familia Corbín. La sospecha de que esas papeletas no eran suyas sino que las compró posteriormente a las personas agraciadas es otro de los relatos que manejan los agentes.

Alfonso Grau es otro de los personajes señalados en rojo por la Unidad Central Operativa (UCO). Era la mano derecha de Barberá hasta su enfado con la alcaldesa por tener que cargar en solitario con el caso Nóos. La investigación apunta a que la tanto él como el letrado participaron conjuntamente en algunos negocios bajo investigación. Grau, al que la Fiscalía considera el ideólogo del pago en B de las campañas electorales de los populares, también resulta sospechoso de cobrar jugosas comisiones.

El sumario recoge ingresos de dos millones de euros por diferentes operativas. Su familia, en concreto sus dos hijas, se benefició supuestamente del incremento de capital. En una década su patrimonio creció en más de 728.000 euros. Un dinero que, según la investigación, se trató de ocultar. La multiplicación de su patrimonio está vinculado a la mercantil Edificio Familia 3000, con varias propiedades inmobiliarias.

La investigación también ha apuntado el intento del exvicealcalde de sacar fondos a Francia y se rastrea dinero en Estados Unidos donde reside una de las hijas del político.