El caso Corbín salpica a otras dos constructoras, una ya señalada por la caja B del PP

El caso Corbín, la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de Valencia, sigue generando novedades. La investigación apunta a nuevos empresarios y sociedades, viejos conocidos en otros asuntos de corrupción, como la caja B del Grupo Municipal que se analiza en el caso Taula o incluso salpicados en alguno de los negocios en Alicante que pretendía acometer Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel hoy condenado. Las pesquisas, que comenzaron en secreto hace más de dos años en un juzgado de la ciudad de Valencia, rastrea supuestos pagos de empresas contratistas del Ayuntamiento al excuñado de Rita Barberá a través de su despacho profesional, Corbín Abogados, por supuestas labores de mediación para que se les consiguiera el servicio.

Las indagaciones han salpicado a los empresarios Jaime María Febrer y a Juan Vicente Hermosilla Tro. Ambos lideraban la mercantil Construcción Valencia Constitución, una de las inmobiliarias más activas de la ciudad hace una década, pero disuelta hace unos años. En su día, la firma participó en varias operaciones potentes como la compra de los antiguos terrenos de los depósitos de CLH junto al puerto por 300 millones de euros o un proyecto de empresas tecnológicas junto al hospital La Fe, según informó el diario Expansión.

También tenían relevantes intereses urbanísticos en la provincia de Alicante, en concreto, en La Nucia. De hecho, a través de la sociedad anterior, formaban parte de Montemar La Nucia, la mercantil en la que según los audios de la trama Gürtel planeaba invertir Francisco Correa, líder de la Gürtel.

El cabecilla de la organización delictiva quería pegar un 'pelotazo' con el ladrillo con la construcción de miles de viviendas. Correa tenia los ojos puestos sobre PAI de Pie de Monte, un proyecto de 3.500 viviendas sobre un millón de metros cuadrados. El líder de la Gürtel planeaba la compra del proyecto y presumía de que podía desbloquear la acusación al aprovechar el contacto que presuntamente tenía en la Conselleria de Territorio.

Las pesquisas también han incorporado a los empresarios Marceliano Alfaro y Asunción Albalat. Se trata de los antiguos directivos de la constructora Ocide. Se da la llamativa circunstancia de que esa empresa ya aparece señalada en el caso de la financiación ilegal del PP de Valencia que investiga otro juzgado. De hecho, el informe que hizo la Policía Nacional acerca de la operativa de Trasgos, la empresa que en 2011 organizó la campaña de Barberá, menciona a la citada mercantil. Trasgos, al igual que ocurriera cuatro años antes con la agencia Laterne, presuntamente recibió aportaciones ilegales de empresarios con intereses en el Consistorio. Trasgos disponía de dos sociedades satélite (Cuco y Tannhauser) que recibían dinero de mercantiles sospechosas como Ocide. Esta sociedad facturó algo más de 50.000 euros en año electoral. Las fuentes judiciales indicaron que estas empresas bajo sospecha sólo trabajaban en estos periodos electorales. De ahí la hipótesis de que no respondiera a servicios reales.

La causa judicial mantiene como investigados a toda la familia Corbín. El abogado, sus tres hijas y su mujer, Asunción Barberá, que fue jefa de gabinete de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Además, el pago de mordidas afecta a reconocidas firmas de la Comunitat como Secopsa y Cleop, entre otras mercantiles.