El coronavirus silencia la actuación de control de los inspectores de la Generalitat

La Inspección General de Servicio (IGS) se convirtió en el caballo de Troya de Compromís durante la legislatura pasada. Dependía de Transparencia, controlada por la coalición, y los nacionalistas reactivaron su actividad a modo de una especie de policía para los asuntos internos del funcionamiento de la Generalitat. Con la nueva legislatura iniciada en 2019, la configuración del Gobierno valenciano cambió y ese departamento pasó a manos de Justicia, conselleria de la que dependía anteriormente. Su responsable, Gabriela Bravo, la orientó hacia «la modernización de la Administración en todos los ámbitos». Los cambios de competencias y la llegada del coronavirus (con la consiguiente paralización de buena parte de la Administración) han supuesto un parón en la actividad de la IGS, tal y como se puede constatar en la difusión de su actividad, paralizada desde principios de año. La Inspección ha dejado de difundir sus actuaciones, tanto las ordinarias, como las extraordinarias, además de las iniciadas en virtud de una denuncia. Estas últimas provocaban un flujo de informes continuo desde 2016, que se paralizó a mitad de febrero por primera vez en cuatro años. Fuentes del Consell admiten que tanto los cambios de competencia supusieron un varapalo para la IGS, que finalmente parece que ha terminado de opacarse con la llegada del coronavirus, cuando, según las mismas fuentes, los procesos de control de la actividad de la Administración se han relajado en exceso.

La oposición vinculó, en uno de los últimos plenos previos a la pandemia, la paralización de la actividad de la IGS con la intención del Consell de no investigar asuntos como las subvenciones recibidas por Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat. La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, señaló en febrero que «que muy comentado el rifirrafe entre Transparencia y Justicia para ver cuál de las dos se quedaba con la IGS. Al final, la señora Bravo ganó. Casi siempre gana. Enseguida supimos por qué. El único organismo (de control) que no investiga a sus hermanos (de Puig) es la IGS, justamente el primero que tendría que haberlo hecho».

El anterior conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, presumía de que con la llegada del Botánico la IGS pasó de contar con cuatro personas (una de ellas, de baja), a alcanzar la quincena, y que se habían multiplicado la cantidad de inspecciones ordinarias y extraordinarias. Si ese departamento continúa realizando actuaciones de control es, ahora mismo, un misterio. Los informes de los inspectores no se conocen desde hace meses, y los que se difundieron a principios de año se habían elaborado a finales de 2019. Entra dentro de la lógica pensar que si la actividad de la Generalitat se ralentizó de un modo extraordinario (excepto en consellerias como Sanidad, Educación o la propia Justicia) a partir del estado de alarma, los inspectores no tuvieran nada que verificar. Sin embargo, tampoco hay rastro de lo que hizo la IGS previamente. En Les Corts, Bravo replicó al PP respecto a las subvenciones al hermano de Puig que los inspectores habían elaborado un informe sobre las ayudas públicas que pronto saldría a la luz. Era un trabajo que la Inspección finiquitó meses antes, y que no se conoció hasta mitad de marzo. Desde entonces, nada más.