Les Corts exige a Antifraude claridad en la gestión de la investigación del acoso sexual

«Estamos horrorizados ante lo que estamos leyendo. Parece que Antifraude sea el verdadero fraude», indicó Barrachina, para quien «no es posible que las sanciones de la Agencia Antifraude sean tumbadas por los tribunales al ser consideradas ilegales», insistió el síndic del PP en relación a la medida cautelar contra una de las funcionarias expedientadas y acusadas de filtrar información sobre la entidad. El TSJ revocó la suspensión de empleo y sueldo a la funcionaria por considerarla desproporcionada, con el apoyo del Ministerio Fiscal.

Barrachina recuerda que «Antifraude no está para cometer irregularidades sino para resolverlas. Se trata de una situación que nos abochorna. Esperamos que todo aquello sea aclarado a la mayor prontitud y estudiamos medidas parlamentarias», concluyó en relación al estudio que los populares están haciendo del caso para plantearse si piden la comparecencia de Llinares en Les Corts para que explique la situación.

La izquierda en el parlamento no arremetió contra la Agencia pero sí reclamó a la institución claridad. «Tenemos conocimiento del expediente y pedimos que se cumpla la legalidad y respecto a las funcionarias expedientadas se respete el régimen sancionador, que sean muy escrupuloso y se respete la legalidad vigente tal y como piden los sindicatos», instó la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, Arcadi España, explicó que «sin conocer los detalles de la situación, la posición de los socialistas en un caso de este tipo es pedir que se trabaje con diligencia y transparencia. Que se investigue y que se aclare».

La síndica de Vox, Ana Vega, admitió desconocer el proceso por el cual los mensajes indeseados de índole sexual recibidos por dos funcionarias anónimas por parte de alguien de la plantilla de la Agencia ha acabado derivando en expedientes con amenaza de inhabilitación de hasta seis años, investigaciones de supuestas filtraciones por «brecha de seguridad», quejas de UGT y CCOO por intromisiones en correos sindicales, resoluciones del TSJ contrarias a las actuaciones de Antifraude y una denuncia admitida por el mismo tribunal por vulneración de derechos fundamentales.

Todo nace de un estudio preliminar con el fin de confeccionar el Plan de Igualdad de la Agencia, un proceso que arrancó en febrero de este año y finalizó en mayo. Y acabó con una preocupante sorpresa y datos muy inquietantes. Surgieron dos casos anónimos de acoso sexual entre las empleadas. Se desveló que recibieron correos indeseados de alguien de la plantilla con contenido sexual inapropiado. Además, de la encuesta realizada entre los miembros de la plantilla (no llegan al medio centenar, la mayoría mujeres) se extrajo el dato de que más de la mitad de las funcionarias desconfían de que la propia agencia realizase un trabajo eficaz en potenciales casos de acoso sexual. Como si Llinares quisiera darle la razón a las sospechas de sus funcionarias, la supuesta investigación que anunció a principios de julio el director del organismo de esos supuestos acosos derivó un mes después en sendos expedientes contra otras dos funcionarias, a las que el director de la Agencia les acusa de filtrar datos vinculados al informe que desvela el turbio incidente. Llinares les abre un expediente disciplinario y las acusa de filtrar secretos y correos electrónicos como el de uno de sus directivos, que frente al comunicado de los delegados sindicales de la AVAF exigiendo el esclarecimiento de toda esa situación replicó considerando que se trataba de unas exigencias desafortunadas, incorrectas, injustas y se dedicó a desplegar alabanzas y agradecimientos a Llinares, su jefe.

La información de LAS PROVINCIAS (que Llinares cita expresamente en su resolución) donde se constataba el malestar interno, el enfrentamiento y las críticas entre los delegados de personal y la dirección de la Agencia ha sido interpretada por Llinares como una revelación de secretos. En su resolución contra la funcionaria destaca «la especial trascendencia del secreto y de la confidencialidad de todas las actuaciones de la Agencia». El responsable del organismo se ha embarcado en un proceso que el sindicato UGT descalifica por su exceso de celo, al querer equiparar un comunicado de los delegados del personal de Antifraude con las investigaciones confidenciales que la Agencia realiza sobre diversos temas. La Federación de Servicios Públicos del sindicato señaló el jueves que considera «inaceptable la manera de proceder» de Llinares. El TSJ ha tumbado las medidas cautelares y ha admitido a trámite una denuncia por vulneración de derechos fundamentales. CCOO se ha sumado a las críticas por la situación que se vive en la Agencia a través de un escrito presentado en el propio organismo y del que se han hecho eco en Les Corts.