Les Corts se niega a prestar la ayuda legal que solicita la Agencia Antifraude

valencia. Les Corts ha elaborado un informe jurídico sobre la Agencia Antifraude en el que rechaza prestarle asistencia jurídica, tal y como había reclamado la oficina que dirige Joan Llinares. El letrado mayor de la Cámara, Francisco Visiedo, firma la respuesta negativa a la agencia, que hace año y medio también pidió prestados dos empleados para realizar asesoramiento legal en el proceso para elegir a su futura plantilla, y tras una negativa inicial, posteriormente, se liberó a una persona para echar una mano a un organismo que no logra despegar. El rechazo obedece ahora a la falta de soporte legal para que los abogados del parlamento valenciano se pongan a las órdenes de la institución.

Les Corts recibieron hace días un escrito de la agencia donde, según el informe elaborado por la Cámara, solicitaba a sus letrados «prestar funciones de defensa y representación procesal» de Antifraude. Esa petición, según el escrito, era una consulta para saber si existía la posibilidad de que los funcionarios de la Cámara asesorasen y defendiesen en juicio ante los tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional en función de «la previsión de que en breve la Agencia tendrá necesidad de ser representada y defendida en algunos recursos contenciosos que han sido interpuestos contra resoluciones administrativas adoptadas (por ella) en ejercicio de sus funciones y finalidades que le han sido asignadas y ante la acumulación de tareas del personal de Antifraude».

La agencia se puso en marcha sin prever sus necesidades de personal administrativo, sin contemplar la eventualidad de una representación legal y con un formato jurídico que ha tropezado con las competencias de otros estamentos que también ejercen de controladores de la actividad de la Administración. Todo ello ha provocado un importante atasco en su actividad. Sus puestos directivos se cubren y quedan descubiertos muy rápidamente. Una de las últimas bajas se ha producido en la responsabilidad de jefe de servicio de la Generalitat y Sector Público. José Vicente Martínez abandonó Antifraude apenas seis meses después de que se hiciera con la plaza por libre designación, tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Tal y como adelantó ayer RNE, la fiscalía ha reclamado a la institución que dirige Llinares una prueba pericial que el juzgado encargado de investigar el caso Erial reclama desde hace nueve meses y que la Agencia no logra sacar adelante. La instrucción que analiza la actuación del expresidente y exministro Eduardo Zaplana por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones pidió a Antifraude un informe que se supone que vincularía a Zaplana con las adjudicaciones de las ITV y de plan eólico valenciano. Sin embargo, el organismo no lo ha elaborado y, con el objetivo de desatascar la situación, ha fichado a un oficial de la UCO experto en la investigación de casos de corrupción.

Los problemas y el trabajo se le acumulan a la agencia, que remitió un escrito a Les Corts donde evidencia su necesidad de asesoría legal. Sin embargo, desde la Cámara se ha elaborado un informe que responde negativamente a esa petición por no contar con argumentos para ponerse a disposición de la entidad puesta en marcha por iniciativa de Podemos. En la solicitud de Llinares se indica que la Abogacía de la Generalitat no puede ofrecer esa cobertura «por concurrir causa de posible conflicto de intereses», ya que dentro del ámbito de actuaciones de la agencia está investigar a la propia Generalitat.

El informe de Les Corts justifica su negativa a través de una serie de consideraciones. En primer lugar recuerda que la oficina es una entidad con personalidad jurídica propia. La Cámara recalca el «régimen de independencia» del organismo que dirige Llinares, lo que le permite elaborar y aprobar su propio presupuesto.

El dictamen subraya que la ley que permitió en 2016 poner en marcha Antifraude no establece que Les Corts deba intervenir, autorizar, dirigir o tutelar a la agencia, y que ese «ámbito autónomo de decisión se extiende también al asesoramiento jurídico y legal», así como a «la dirección de actuaciones procesales que hubiere de desarrollar ante los jueces y tribunales de cualquier jurisdicción». En este sentido, el informe recuerda además que las normas de la Cámara no permiten asumir las funciones legales que reclaman desde la oficina.

«No existe norma legal alguna que asigne expresamente a Les Corts funciones ejecutivas, de gestión, de inspección o de sanción específicas en materia de prevención y lucha contra el fraude. No parece, por tanto, que (la Cámara) pueda efectuar en la Agencia una delegación de competencias» similar a la que reciben otras entidades del sector público de la Generalitat, precisamente por la independencia con la que se blinda el organismo encabezado por Llinares.

Desde Les Corts se deja constancia de que la agencia cuenta con una configuración legal que «la sitúa en un marco jurídico impreciso», ya que ni se le puede aplicar el estatuto con el que cuenta la Cámara ni el propio de las entidades del sector público instrumental.

De esta manera, se sugiere que la arquitectura legal que sostiene a Antifraude es muy débil y no preveía las situaciones para las que ahora precisa de una ayuda que jurídicamente es difícil justificar. En este sentido, el informe indica que «la habilitación del cuerpo de letrados de Les Corts para prestar las funciones de defensa solicitada por el director de esta entidad (Joan Llinares), sujetaría al letrado actuante en cada caso a las instrucciones de los órganos rectores de la Agencia en cuanto a las decisiones sobre satisfacción extraprocesal, desistimiento o allanamiento, y comportaría de facto la asunción de una función de asesoramiento jurídico previo o complementario a los órganos de la Agencia, que desvirtuaría su condición de letrados parlamentarios y podría entrar en colisión con el asesoramiento que estos deben prestar a los órganos de gobierno o de otra naturaleza de la Cámara».

Por todo ello, desde el parlamento se considera que no corresponde asignar a sus abogados el asesoramiento, ni la representación y defensa procesal porque esas funciones no les están asignadas.