Les Corts paraliza el paro de los diputados hasta tener presupuestos

En concreto, la cantidad a percibir mensualmente alcanza los 2.561 euros. Según la tabla aprobada por la Cámara para el cobro de esa indemnización, un diputado que permanezca una legislatura completa en su escaño, de 48 meses, tiene derecho a una indemnización de 16 mensualidades, es decir, 40.976 euros. El máximo fijado, es decir, diputados con más de 69 meses en el cargo, percibirán 24 mensualidades, es decir, 61.464 euros.

Tal y como ha venido informando este diario, el acuerdo para esta indemnización por cese en el desempeño del cargo de diputado responde a una reivindicación que desde hace más de diez años persiguen sus señorías con el fin de que, cuando finaliza una legislatura, los que no son funcionarios o no disponen de un negocio propio y deben reincorporarse al mercado laboral como trabajadores por cuenta ajena, dispongan de un margen de tiempo para buscar empleo. Sus señorías no tienen derecho a percibir la prestación porque su cotización no incluye el concepto del desempleo. Cotizan, pero no para cobrar el paro. Eso sí, un acuerdo rodeado de polémica, entre otras razones por las diferencias existentes entre el paro que percibe cualquier empleado por cuenta ajena y el que se habrían aprobado los diputados.

De hecho, Les Corts tuvieron que aclarar hace pocas semanas que los parlamentarios que abandonaran su escaño antes de que finalizara su mandato no tendrían acceso a la indemnización pactada. En contra de lo que se había venido explicando hasta ahora desde la Cámara, el denominado paro de los diputados sólo lo podrán percibir aquellos que finalicen su mandato al finalizar la legislatura y con la disolución del Parlamento autonómico.

Tal y como establece el artículo 1 del acuerdo, tendrán derecho a esta indemnización las personas que cesen el desempeño del cargo de diputado «como consecuencia de la finalización del mandato o la disolución de la Cámara» tras haber permanecido en el mismo durante un tiempo superior a 18 meses.

El retraso en la aprobación definitiva de esta indemnización genera otra situación añadida, toda vez que la propuesta no tiene carácter retroactivo. Es decir, mientras no se concrete su aprobación no comenzarán a correr los plazos para contar el mínimo de 18 meses que establece el acuerdo para tener acceso a la indemnización.

Un acuerdo, el de los grupos parlamentarios, en un contexto marcado por la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios para renovar los entes estatutarios, y sí en cambio, para pactar una indemnización por finalización del mandato. De hecho, PP y Vox presentaron este lunes los nombres de sus candidatos para el nuevo consejo de administración de À Punt, sin que PSPV ni Compromís hayan querido presentar propuesta alguna al entender que la Dana obliga a los responsables públicos a centrarse en la reconstrucción.

Sobre la mesa, todavía, la renovación de órganos como el Consell Valencià de Cultura, el Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes. Y la amenaza de que el ambiente de hostilidad entre los grupos se haya visto acentuado por la Dana. Una hostilidad que impide llegar a acuerdos en la renovación de los responsables de estas entidades e instituciones, pero que no genera ningún freno al acuerdo sobre la indemnización de los diputados.