Les Corts reclama más control en la Sindicatura de Comptes

Nuevo discrepancia entre Les Corts y la Sindicatura de Comptes. Y hace tiempo que se perdió la cuenta de los capítulos de este serial de desencuentros a propósito de los controles y fiscalizaciones entre la institución estatutaria y el parlamento. La Sindicatura es un organismo comisionado de Les Corts, por lo que la Cámara revisa sus cuentas anuales. En realidad, prácticamente les da el visto bueno, ya que no puede ejercer ningún tipo de comprobación sobre la operativa que presenta la Sindicatura. De tal manera que conforme a esa leve fiscalización le ha instado a poner en marcha un órgano de control interno.

Desde la Cámara se advierte de que no hay forma de inspeccionar adecuadamente una relación de pagos de la institución que lidera Vicent Cucarella. Les Corts recuerdan a la Sindicatura que sin ese órgano de control interno no se puede garantizar el cumplimiento de los criterios contables, lo que resta rigor y transparencia a la institución. La Cámara recalca en un informe al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS que la Sindicatura es «la única institución de la Generalitat que queda excluida –de facto– del sistema de fiscalización externa de la gestión y las cuentas anuales sobre todas las administraciones e instituciones de la Generalitat». Es decir, que la Sindicatura va por libre.

Les Corts deben revisar las cuentas anuales del organismo dirigido por Cucarella. En el informe del parlamento valenciano se revela que la Sindicatura le dio acceso a la memoria de sus cuentas, una relación contable insuficiente, ya que la Cámara reclamó a la Sindicatura «documentación adicional» relativa a la relación de pagos, agrupados por terceros. Les Corts está habilitada a revisar «la relación de todos los pagos, agrupados por terceros, efectuados por la tesorería de la Sindicatura en el ejercicio correspondiente y los informes de reparo que en su caso hubiera formulado el órgano de control interno», según el Reglamento de Régimen Interior del parlamento valenciano. Inicialmente, la Sindicatura no se dio por enterada. No cuenta con «los informes de reparo» reclamados porque carece de un órgano de control interno.

Se trata de un tirón de orejas de Les Corts a la Sindicatura, organismo competente de auditar a todas las instituciones públicas valencianas, si bien nadie (tal y como subraya el informe) puede fiscalizar en profundidad las cuentas del ente liderado por Cucarella. Con todo y con eso, y precisamente por esa falta de controles, rigor y transparencia, desde la Cámara se acuerda dar por examinado y aprobar las cuentas anuales de la Sindicatura.

Les Corts da por bueno (porque no le queda más remedio) el informe de auditoría formulado por una auditora privada externa, una firma que ejecuta esa fiscalización (según se encarga la Cámara de subrayar) por encargo de la propia Sindicatura. De tal modo que quien paga la auditoría es el auditado, una práctica habitual en el mundo de las empresas privadas, pero no así en las instituciones públicas, si bien en el caso de la Sindicatura, como nada ni nadie la puede controlar, se controla a sí misma.

Y es que, según señala el informe del parlamento valenciano, la auditoría privada que contrata la Sindicatura, es de un alcance «limitado al análisis de los Estados Financieros, tal y como indica el propio informe de auditoría en el apartado relativo a las responsabilidades del auditor«. De esta forma, la Cámara subraya que la auditoría contratada para fiscalizar sus propias cuentas no es lo profunda que podría ser. El informe de Les Corts resalta que Cucarella reconoce que no puede aportar el libro de reparos.

Les Corts, además de dar por buenas las cuentas de la Sindicatura, acuerda que se hará un control más exhaustivo de la institución auditora cuando esta disponga de los mecanismos de control que aseguren «una adecuada fiscalización del gasto imputable a su propio presupuesto».

Los desencuentros entre Les Corts y la Sindicatura se arrastran desde hace varios años. Las auditorías de la institución liderada por Cucarella al parlamento comenzaron en 2016, y desvelaron que la Cámara es incapaz de exigir a los grupos parlamentarios la justificación de los gastos de unas subvenciones que en su conjunto superan los 3,6 millones de euros. Además, desde la Sindicatura se puso también reparos a los gastos de kilometraje que presentaban los diputados. A pesar de que el artículo 66.4 del Reglamento de la Sindicatura establece que se podrá crear un puesto de trabajo que, sin perjuicio de adscripción a los equipos de auditoría, acumule las funciones de intervención, el informe de Les Corts advierte de que ese control es inexistente.