Les Corts reprocha al Gobierno su opacidad e insiste en exigirle documentación

«Se niega a sus señorías el acceso a una información que cualquier ciudadano podría obtener», señala Les Corts en una réplica al Ejecutivo central donde se tilda de «inadecuada» la apreciación que realiza el Gobierno para esquivar su colaboración.

Las dos comunicaciones del Ejecutivo central, que llevan la firma de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, niegan su colaboración alegando que la labor de control de la Cámara autonómica se circunscribe a la acción del Consell, las autoridades y los funcionarios de la Generalitat. Y que, por tanto, la documentación en poder del Ejecutivo central queda al margen de ese ámbito de actuación. Les Corts había solicitado, por una parte, documentación vinculada a la constitución de una comisión especial de estudio sobre la situación actual del sector citrícola en la Comunitat. Por otro lado, la Cámara había pedido la comparecencia del responsable del plan director del Cuerpo Nacional de Policía para la convivencia y mejora de la seguridad en los colegios y sus entornos con motivo de una comisión de estudio del acoso escolar, además de pedir documentación informativa sobre ese mismo plan.

El Gobierno se negó a facilitar esa documentación, ante lo cual, la Mesa de Les Corts solicitó a sus servicios jurídicos un informe para insistir en estas solicitudes de documentación. La alegación del parlamento valenciano recoge todos los precedentes de las últimas legislaturas, desde 2016 hasta la actualidad, en que se han pedido informes.

La respuesta de la Cámara aduce también que sus demandas de información son para comisiones de estudio, y no de investigación, por lo que no pretenden controlar al Gobierno central sino recibir datos, por lo que se atribuye que «en los escritos de la delegada del Gobierno (Gloria Calero) se traslada una inadecuada apreciación del objeto de las solicitudes». El informe de Les Corts recuerda la necesidad de cooperación, lealtad institucional y transparencia entre las administraciones públicas y concluye que no hay motivos para que se les niegue lo solicitado.

La respuesta del Gobierno, que ha causado sorpresa en el Parlamento valenciano, supone un cambio de criterio respecto a la colaboración que una y otra institución mantenían hasta la fecha. Los diputados autonómicos remitían solicitudes de información sobre diversa documentación –las solicitudes de comparecencia eran otra cosa-, y el Gobierno central venía contestándolas sin mayor incidencia, tanto las de los grupos que apoyaban gobierno como los de la oposición. Ahora, el Gobierno central advierte que el control del Ejecutivo es materia competencia del Congreso y el Senado.

«Lamentamos comunicar que no procede atender los requerimientos de información y documentación a la Administración General del Estado de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma o de sus miembros», se indica desde el Gobierno de Sánchez, una nueva posición que afecta, por tanto, a todos los Parlamentos regionales. Y que se adopta como consecuencia de las sucesivas solicitudes de documentación y de comparecencias formuladas desde las distintas asambleas regionales, algunas de ellas, con polémica incluida. Entre ellas, las que han realizado diputados de Podemos y de Compromís vinculadas a la ampliación del Puerto de Valencia y la necesidad de realizar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), sobre concentraciones en la vía pública de grupos de extrema derecha.

El PP también ha solicitado, entre otras, copia del expediente administrativo incoado por la Junta Central de Contratación Pública, dependiente del ministerio de Hacienda, en relación con la sanción impuesta por la comisión de defensa de la competencia de la Generalitat a Francis Puig y los Adell Bover por pactar precios en un concurso público convocado por À Punt. Una decisión tomada, se detalla, tras el análisis de la Constitución y de los Reglamentos del Congreso y del Senado «que atribuyen a las Cortes Generales la función de control político del Gobierno en exclusiva».

La negativa a tramitar la solicitudes de documentación del Parlamento valenciano por parte del Ejecutivo central se suma a la negativa que el mismo órgano ya ha expresado en relación con algunas solicitudes de comparecencia. Entre otras, la que planteó Podemos de la propia delegada del Gobierno en la Comunitat, en relación con los actos del 9 d'Octubre. Entre las solicitudes de comparecencia pendientes figura también la del coordinador de Cercanías en la Comunitat Valenciana, y exdelegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, a principios del próximo mes de marzo.