Les Corts, sin requisito

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado viernes publicó la 'oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio de 2018' de Les Corts, el acuerdo por el que se sacan a concurso las plazas vacantes cuya cobertura se considera necesaria y que se negocia con las organizaciones sindicales -en este caso, con el visto buena de todas ellas, con la única excepción de Intersindical-. La convocatoria se debe publicar durante el año en que la oferta sea aprobada y se resuelve antes de finalizar el año siguiente.

La información que facilita Les Corts remarca que, tal y como señala el estatuto de personal de Les Corts (EPCV), las ofertas de empleo público deben reservar un porcentaje de al menos el 50% de los puestos vacantes que se convoquen a oposición o concurso oposición. En total, de las 31 plazas que se convocan, un total de 15 corresponderán al turno de promoción interna.

En concreto, se ofertan tres plazas de técnico superior de administración parlamentaria, una de técnico superior especializado (asesor lingüístico), dos de técnico medio de administración parlamentaria, dos de técnico superior especializado, cuatro de técnico medio especializado, tres de transcriptor/corrector, once de oficial de gestión parlamentaria, tres de ayudante de mantenimiento, una de telefonista y una de auxiliar de mayordomía.

La convocatoria especifica, para cada una de las categorías, la especificación de la categoría de cada plaza, sus retribuciones asignadas y los requisitos de titulación exigidos para el acceso a la misma.

Y aquí es donde está la clave. Porque en ninguna de las plazas convocadas se hace una sola referencia al requisito lingüístico, la exigencia de la acreditación del conocimiento del valenciano para optar a la condición de funcionario público.

La exigencia del requisito lingüístico ha sido uno de los caballos de batalla del tripartito que sostiene al Gobierno valenciano durante la actual legislatura. La presión de Compromís terminó llevando a la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, a comprometer la presencia de este requerimiento en la futura ley de la Función Pública valenciana. La norma no se ha aprobado, pero ese compromiso ha provocado que tanto la formación nacionalista como, en menos medida, el PSPV, hagan bandera de una demanda de fuerte arraigo para la formación nacionalista.

El acuerdo alcanzado entre ambos partidos especificaba que la futura Ley de Función Pública de la Comunitat Valenciana contemplaría que el Consell debería aprobar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, una vez aprobada por Les Corts, un reglamento que regulara el nivel de valenciano exigible para acceder a un puesto de empleado público.

De manera que, efectivamente, no se ha aprobado la ley, ni por supuesto el correspondiente reglamento, y la exigencia de la acreditación del conocimiento del valenciano aún no está en vigor -el temor a que una medida de este tipo pudiera suponer algún tipo de desgaste electoral ha contribuido a ese frenazo-. Y pese a ello, el PP ya ha anunciado que derogará esa imposición cuando vuelva al Consell.

Pero Compromís ha seguido haciendo bandera de la exigencia del requisito. Y el Bloc, del que forma parte el presidente de Les Corts, Enric Morera, ya aprobó a principios de 2016 la exigencia del requisito lingüístico. Ahora, en cambio, cuando ha tenido la posibilidad de reclamarlo, no lo ha hecho.