Las costas de Valmor: piden 1,3 millones a la Generalitat

La factura por la fallida persecución de la compra de Valmor ya tiene el apartado del importe rellenado. Los letrados de los seis ex altos cargos, supuestos responsables del fraude de que la Generalitat adquiriera por un euro la empresa y asumiera toda la deuda, se han reunido ya para consensuar sus emolumentos por la representación en el Tribunal de Cuentas. Cada uno de ellos reclamará 180.000 euros, más IVA. En total, 1,3 millones a los que habrá que sumar el procurador. Los abogados comenzarán a presentar sus reclamaciones en los próximos días. Las cifras pueden ser impugnadas por la Abogacía.

Se trata de una cifra realmente significativa para un sólo asunto. Las costas tienen en cuenta el importe de la reclamación (24 millones). Según los últimos datos disponibles, la Administración Valenciana ha abonado cerca de 5,5 millones de euros en tres años en costas en determinados procedimientos judiciales. Con este asunto, en un solo caso, se abonaría, de confirmarse esos importes, todo lo que por ejemplo ha pagado la Conselleria de Justicia en costas en tres ejercicios, del 2016 al 2018.

Fuentes de las defensas explicaron que el cálculo se ha efectuado con la tabla de honorarios del Colegio de Abogados de Madrid que es donde se encuentra el Tribunal de Cuentas. Si se hubiera utilizado el baremo de Valencia, la cifra hubiera sido incluso más elevada, adelantaron.

La Generalitat pretendía que Lola Johnson, y los exdirectivos de Circuito Motor, José Míguel Escrig Navarro, Julio García Gimeno y Blanca Tomás Carbó, y Luis Lobón Martín respondieran con su propio patrimonio a los 24 millones de euros que supuso la fusión por absorción de la empresa Valmor. De manera subsidiaria, la Generalitat solicitaba la condena a 14 millones de euros para la exconsellera Trinidad Miró y el resto de directivos por no perseguir el pago de la deuda que acumuló Valmor con la Generalitat. El Tribunal rechazó en dos ocasiones las pretensiones de la Abogacía y exculpó a los sospechosos de cualquier responsabilidad contable. El órgano concluyó que no apreciaba «relación causal entre la conducta omisiva atribuida a los demandados y el resultado final de la falta de cobro del citado derecho de crédito de Circuito del Motor».

La compra de Valmor en 2012 se ejecutó ante la delicada situación económica de la sociedad que amenazaba con no poder celebrar el Gran Premio, lo que hubiera supuesto una penalización para el Consell de cerca de 70 millones de euros, dos anualidades del canon de la F-1.

Tras esta decisión, la jueza de Instrucción 2 de Valencia, que instruía una causa penal por estos hechos, decidió dar carpetazo al asunto con el informe favorable de Anticorrupción. La Fiscalía argumentaba que la decisión del Consell fue un mal menor ante las posibles penalizaciones que podría tener la cancelación del Gran Premio, una circunstancia posible debido a los números rojos de la firma organizadora.

La Abogacía, tal y como ha hecho con absolutamente todas las causas de la Fórmula 1 en Valencia, la ha recurrido. No hay respuesta todavía de la Audiencia de Valencia, que ya obligó la reapertura de otro asunto del evento automovilístico, el proceso por el cual la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor.