Cotino insiste en que la fundación de la visita del Papa era privada

Juan Cotino compareció ayer en el juzgado que investiga la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El que fuera expresidente de Les Corts, exdirector de la Policía y exconseller de Agricultura y Bienestar Social -en la etapa de Francisco Camps- acumula casi el mismo número de investigaciones que apuntes profesionales en su curriculum. El exdirigente popular, que se enfrenta a 11 años por el amaño de las pantallas en el evento religioso y también está salpicado por el caso Zaplana, debe hacer ahora frente a las sospechas acerca de la delictiva gestión de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.

La estrategia de los investigados supone romper una premisa que tanto la Intervención como Anticorrupción consideran válida de entrada: que la fundación es pública. Todos los investigados, en cambio, insisten en lo contrario. Y de ser cierta esta tesis, el caso se derrumbaría. Al no ser una empresa pública no tendrían la obligación de someterse a la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata del segundo informe, aportado por los imputados, que concluye en el mismo sentido.

Este perito argumenta que la entidad no se constituyó con aportaciones mayoritarias procedentes de la Administración General del Estado ni su patrimonio fundacional con carácter de permanencia estuvo formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados por el Estado. De esta forma, desacreditaría el dosier de la Intervención de la Generalitat y otro informe de la Udef. Las defensas dan especial relevancia a esta pericial porque va firmada por un Abogado del Estado en excedencia, el que se encargaba de la mayoría de los asuntos relacionados con delitos económicos. Cotino, al margen de aportar esta documentación, explicó que le contactaron desde el Arzobispado una vez se conoció que el Encuentro Mundial de las Familias se iba a celebrar en Valencia. La asesoría que ofreció era en asuntos relacionados con la seguridad debido a los cargos que había desempeñado. Además, no era la primera vez que colaboraba voluntariamente con el Arzobispado ya que en su día participó en el desplazamiento de Juan Pablo II a la capital del Turia en 1982. En las reuniones para organizar el evento, también sugirió empresas que pudieran realizar donaciones, según las fuentes judiciales.

También fue el turno ayer de Henar Molinero, la exsecretaria general de la citada fundación. La responsable aclaró que no conocía a Francisco Camps y que se ocupó de la entidad porque se lo pidió Antonio Corbí, el que fuera secretario particular del arzobispo García Gasco. Declaró que desde el primero momento pensó que se trataba de una fundación privada y atribuyó las órdenes de contratación al Arzobispado de Valencia.

La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero también se incluyó documentación hallada mientras se investigaban las irregularidades de dos directivos en la empresa pública Vaersa, otra de las firmas salpicadas por la corrupción.