Los Cotino ganaron 40 millones con el negocio concedido por Zaplana

Un negocio con el viento a favor. Éste fue el resultado de la participación de la familia Cotino a través de Sedesa en Proyectos Eólicos Valencianos S.A., adjudicataria de tres zonas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Por lo menos eso era lo que parecía hasta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha puesto a investigar aquel proceso en busca de actuaciones irregulares dentro de la operación que ha llevado a la detención del expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, varios de sus colaboradores y dos miembros de la familia Cotino, los hermanos Vicente y José. La empresa de estos últimos, Sedesa, fue una de las pocas valencianas que se beneficiaron de la concesión pública de la explotación de los parques de esta energía renovable y lo hizo con el 25% de una sociedad en la que la eléctrica Endesa (a través de su filial ECyR, Endesa Cogeneración y Renovables) tenía el 55% y Bancaja, un 20%.

El resultado más relevante de esta operación es que, cuando en 2008, los Cotino vendieron a Endesa su parte, después de la salida de Bancaja, obtuvieron una plusvalía de 39,3 millones de euros. De hecho, el presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola, José Luis Olivas, medió en la operación y llevó a un aumento del precio, según él mismo defendió ante los tribunales antes de ser condenado a año y medio de cárcel por falsear la factura y defraudar a Hacienda por esa intervención personal.

Aunque el reparto del Plan Eólico de la Comunitat de 2001 generó un mar de fondo en el sector por la escasa presencia de firmas locales y dudas sobre la valoración realizada de las propuestas presentadas, Proyectos Eólicos Valencianos S.A. se adjudicó la construcción de 500 megavatios eólicos, el 29,4% de la potencia total sacada a concurso.

La sociedad anunció una inversión de 450 millones de euros con la finalidad de poner en marcha parques en las comarcas del Alto Palancia y Serranía (zona 6); el Valle de Ayora y Caroig (zona 11); y la sierra sur de Castellón (Zona 5). La firma Made, filial de Endesa, sería la encargada de construir los aerogeneradores que se instalaran en los nuevos parques.

A diferencia de otras zonas, una de las adjudicadas, la 11, se puso en explotación en su totalidad y de la zona 6, se hizo en seis de los siete parques, al no obtener este último la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por contra, la zona 5, la más al norte de las concedidas, ha terminado por quedar en nada.

En todo caso, al tiempo que este negocio empezaba a funcionar, empezaban los problemas en el sector de la construcción y las entidades financieras comenzaban a deshacerse de activos no estratégicos. Por entonces, la interpretación más repetida por los analistas era que los síntomas de debilidad que mostraba la situación económica era resultado de una desaceleración y no del principio de una crisis.

En todo caso, Bancaja anuncia el 5 de julio de 2008, en su último consejo de administración antes del verano, la venta a Endesa de su 20% en Proyectos Eólicos Valencianos. De este modo, la eléctrica elevó al 75% su participación en la compañía y la caja obtenía una plusvalía de unos 30 millones de euros. Ese fue el momento en el que Vicente Cotino vendió su parte, con la intervención de Olivas, que elevó el precio poniendo sobre la mesa un supuesto interés de compra por parte de Iberdrola sobre la parte de Sedesa. Esto habría obligado a Endesa a ejercer el derecho de tanteo, frente al riesgo de tener un competidor en casa.

La historia de la adjudicación no acabó ahí, ya que Endesa, ya dueña absoluta de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. vendió parte de la zona 6 y 11 a una filial de la Corporación Acciona, mientras que ya en 2012, traspasó lo que le quedaba de estas y toda la zona 5 a la alemana Enel.

El plan eólico, aprobado en 2001, debería haber estado a pleno rendimiento desde 2007 pero apenas tiene instalada la mitad de la potencia prevista, con seis de las quince áreas en las que se dividió la Comunitat Valenciana pendientes de desarrollo. Concretamente, de las quince zonas, nueve están en explotación, una de ellas con un área disponible (la 10). Están pendientes de revisión la mitad de las áreas de la zona 5 en Castellón; cuatro de las 12 de la zona 9 en Valencia; y tres zonas completas en Alicante (la 13, 14 y 15).

La razón es que muchas de las empresas que se las adjudicaron no superaron los trámites administrativos o bien optaron por dejar los proyectos a medias, entrando en un laberinto burocrático. Finalmente, las propuestas para la zona 4, también en Castellón, fueron desestimadas por Medio Ambiente, lo que se asegura que ha desincentivado a las empresas que quieran ubicarse allí, según se viene reconociendo desde la Conselleria de Economía Sostenible, que ha de replantearlo.

Por otra parte, la inyección de fondos que significó para Sedesa esta operación no evitó su posterior caída, junto a sus participadas. Sin ir más lejos, el Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia aprobaba hace justo un mes el plan de liquidación de Sedesa Concesiones SLU, empresa vinculada al grupo de la familia Cotino y que llevaba en concurso de acreedores desde el mes de julio.

Esta era la sociedad por medio de la cual la familia Cotino participaba en el capital de Gerocentros del Mediterráneo, dedicada a la gestión de residencias de ancianos. Por otra parte, Sedesa Concesiones está participada por la sociedad dominante Asedes Infraestructuras, S.A.U., que ya está en proceso de liquidación. A su vez, forma parte de un grupo donde la dominante última es la mercantil Inicia Energy.