Las criptomonedas de Marcos Benavent

La realidad es que la incertidumbre se ha instalado en su entorno, desconcertado ante los últimos movimientos de consecuencias todavía imprevisibles. En esta atmósfera adquiere más importancia, la situación que se produjo hace unos meses, con anterioridad a la sustitución de su letrado, cuando se planteó abonar la responsabilidad civil de las diferentes causas en las que está inmerso con depósitos en criptomonedas.

De hecho, estuvo a punto de presentarse un escrito en este sentido ante el titular de Instrucción 18 de Valencia. Finalmente, frenó sus intenciones. No parece probable que un juzgado acepte una cantidad de activos digitales ya que es una moneda que no está respaldada por ninguna institución. Evidentemente se desconoce el importe total que podría conservar el exgerente de Imelsa. También su origen.

Las criptomonedas ofrecen un anonimato del que carece, por ejemplo, una cuenta bancaria. Además, esos criptoactivos son muy complicados de rastrear y se pueden mover con relativa facilidad entre países. En el grupo de inconvenientes, su elevada volatilidad. Algunos factores contribuyen a que sea un instrumento utilizado por redes delictivas; muy propicio para blanquear dinero.

Marcos Benavent tendría, al parecer, una cantidad en estos activos digitales. Circunstancias de este tipo, la disponibilidad de fondos en el extranjero, llevan en numerosas ocasiones a solicitar la prisión provisional ante una posibilidad real de fuga. Algo que tras el cambio de letrado de Benavent y el final de su colaboración con la Justicia, no se puede descartar. El exgerente sólo tiene como medida cautelar las comparecencias apud acta.

El giro de guión puede beneficiar a Zaplana en la causa Erial -cuestiona el registro del despacho–, pero también a Alfonso Rus, principal protagonista de Imelsa. «Acusé por acusar. Los audios están manipulados», llegó a decir en su regreso a los juzgados.

El exgerente de Imelsa acumula ahora mismo la amenaza de casi 25 años de prisión. Anticorrupción pide ocho años por el desvío de dinero desde Imelsa a empresas controladas por él, como Thematica. Ahora, en la pieza de los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, la acusación particular le pide otros seis años por cohecho. Y en la parte de los zombies, la Fiscalía nueve años y medio. Y todo pese a su confesión. Existen, todavía, otras causas pendientes que no han llegado al final como el asunto del call center.

Benavent cambió de letrado en la confianza de que un seguro, que pagaba Imelsa, luego Divalterra, para todos sus responsables costearía los honorarios del profesional. La póliza ha rechazado cubrir este servicio porque Benavent ha reconocido los hechos. Su defensa demandará a la compañía. Otro capítulo en la vida de Benavent.