La crisis de À Punt obliga a un cambio radical de equipo y de modelo

Es la pregunta del millón. Tras el precedente de la politización de la anterior RTVV, el Gobierno del Botánico reabrió la nueva empresa pública que gestiona el servicio público de radiotelevisión con una especie de cortafuegos político. La ley blindaba el servicio público de las injerencias de los gobiernos de turno, aunque dejaba al amparo de un consejo rector designado por los mismos todo el poder de decisión. Además, el modelo audiovisual, basado en el informe de expertos que reproducía el modelo de Canal 9, acabó por derivar en un proyecto que distaba de los nuevos patrones de las televisiones actuales con una tendencia al menor número de trabajadores y una mayor cooperación entre el sector audiovisual, además de sinergias entre la propia red de televisiones locales que había sustituido durante los años del cierre a la antigua Canal 9. Lejos de asumir las tesis de una menor plantilla, con mayor formación tecnológica y contenidos adaptados a los nuevos soportes, la nueva radiotelevisión apostó por los 531 empleados públicos (ahora hay 432 contratados ), por facilitar la reincorporación de los anteriores empleados de la cadena y por formatos externalizados que no terminan de conectar con una audiencia «atomizada» como les gusta definir a los gestores.

Si atendemos a las dos vertientes de À Punt, la empresarial y la de sus contenidos, ninguna de los dos ha logrado el aprobado de quienes lo deben evaluar. En parámetros económicos, la empresa está en situación de desequilibrio patrimonial, una de las causas de disolución que marca la ley; la Intervención ha puesto en tela de juicio sus métodos de contratación, y la mala contabilidad ha llevado incluso al retraso en la aprobación de cuentas más allá del plazo legal. En términos de contenidos, la audiencia de À Punt es la más baja de todas las autonómicas de España y encadena datos muy por debajo de la media del resto de cadenas de menor presupuesto.

Los partidos eligieron diferentes perfiles a la hora de designar a sus consejeros sin tener en cuenta que en realidad el consejo tiene funciones más propias de la administración de empresas que del mundo audiovisual. Uno de los errores de base parte del inicial reparto de papeles entre los dos órganos de gestión de la cadena: el consejo y la dirección general. Por un lado, el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), a diferencia del consejo de administración de la antigua RTVV, sí tiene las máximas competencias en la gestión del servicio público. Presidido por Enrique Soriano, es quien administra y gobierna la entidad pública y la sociedad en las que se divide À Punt: la propia CVMV y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMCV), que dirige Empar Marco. La CVMC es la empresa que presta el servicio público de quien es titular la Generalitat, y lo hace a través de la sociedad. Esa sociedad, es dirigida por la periodista Empar Marco, que ganó el concurso público en 2017. Su nombramiento es por tres años. Sin embargo, en la práctica, han intercambiado las funciones y, por momentos, la gestión ha parecido depender de Marco. Entre los principales problemas destacan la mala gestión económica de las empresas públicas, unido a los problemas con la liquidación del anterior ente, que se prolongó durante cuatro años. La combinación de ambos factores ha llevado a Marco y Soriano incluso a los juzgados por posibles irregularidades en las contrataciones de directivos, ha supuesto reparos de la Intervención de la Generalitat al modo en que se gestionan la Sociedad y la Corporación y las transferencias de fondos que se hacen entre sí o, sin ir más lejos, ha provocado que À Punt haya recibido avisos de corte de suministro eléctrico por varios meses de facturas impagadas que quedaron en el limbo tras la liquidación.

La intención de los grupos es modificar el perfil de los consejeros. Uno de ellos, el propuesto por Compromís, Rafa Xambó, incluso ha pedido esta semana la dimisión de la directora general y provocará que si el consejo lo estima oportuno, se tenga que votar su continuidad.

El papel de Empar Marco como directora general de À Punt ha estado cuestionado desde los inicios por su escaso perfil técnico en detrimento del periodístico. Las audiencias y la gestión de la plantilla, plagada de extrabajadores, han sido sus principales talones de aquiles. También la eterna reivindicación de un mayor presupuesto más allá de los 55 millones de euros que el Consell destina a la cadena. Sus diferencias con el consejo rector han sido sonadas y se han acrecentado en los últimos meses. De hecho, el máximo órgano evidenció sus diferencias en la última presentación de la programación que propuso la directora, a la que ni siquiera dejó que explicara sus intenciones en una reunión. Además, las coberturas informativas de grandes acontecimientos políticos como las elecciones, la constitución de los ayuntamientos o la llegada del Aquarius (que no se retransmitió) han sido algunos de los momentos más discutidos. El consejo evaluó su gestión hace una quincena y le puso un aprobado raspado que, después, incluso, se discutió por parte de algunos consejeros. Pero el momento de máxima tensión llegó el pasado miércoles, con la petición de su dimisión por parte del consejero de Compromís, Rafa Xambó, en origen el más afín a la directora. Ambos vivieron ya un enfrentamiento por la supresión de parte de la programación por el período veraniego. En concreto, por la anulación del programa musical Territori Sonor, que Xambó defendió.

El mandato de Marco finaliza en marzo de 2020. Ella ya ha explicado que quiere continuar, pero el consejo ya ha iniciado el proceso para convocar el concurso de que saldrá su sucesor o ella misma, el próximo mes de septiembre, para que el nuevo director pueda estar elegido e incorporado en marzo.

Del total de la plantilla que tiene la actual radiotelevisión valenciana, un 75% de empleados ya trabajaban en Canal 9, según datos de la propia corporación. Un sistema de acceso en el que la experiencia en la anterior empresa puntuaba de manera muy alta provocó que la renovación de trabajadores y, por tanto, de nuevos perfiles, fuera mínima. La Unió de Periodistes recurrió la bolsas temporales de empleo, pero la Audiencia Nacional ha desestimado la denuncia esta pasada semana. Además, la cifra de trabajadores, más alta de la que el Gobierno valenciano tenía en la cabeza para su proyecto, contrasta con que la mayoría de la parrilla se hace con productoras. À Punt solo produce los informativos y, precisamente la cobertura de la actualidad es la que más se ha criticado a la cadena.

Lleva solo un año en antena, pero su audiencia no remonta. Los datos de À Punt son los más bajos de todas las autonómicas de España y están mes tras mes por debajo de la media de competidores. Además, la mala gestión del presupuesto ha provocado que durante los meses de verano se haya prescindido de casi la totalidad de formatos. Las horas de directos se limitaron drásticamente a cuatro y se trufó de reposiciones de la antigua Canal 9 la programación. De hecho, en verano, los mejores datos de audiencia los están dando las series antiguas que se rescataron como parche por la falta de presupuesto. Check-in hotel y La Alqueria blanca son, junto con las reposiciones de Atrapam si pots, de Eugeni Alemany lo más visto al margen del informativo de mediodía.