PP y Csif instan ya al TSJCV a que anule el decreto que arrincona el castellano

El Grupo Parlamentario Popular anunció ayer que solicitará la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara nulos 11 de los artículos del proyecto de Decreto del Consell por el que se regulaban los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración. Pedirá la ejecutoria inmediata si finalmente se admite a tramite el recurso de casación que el Consell ha anunciado que interpondrá. Similar estrategia adoptará el sindicato Csif, que también reclamó la anulación del decreto y al que el TSJCV también dio la razón parcialmente, de modo que además de los once artículos anulados a causa de la denuncia de los populares, el alto tribunal anuló otros dos artículos atendiendo a la reclamación del Csif.

Así lo aseguraron ayer ante los medios de comunicación la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la vicepresidenta autonómica de CSIF Comunitat, Alicia Torres, tras la reunión que han mantenido en Les Corts con el fin de valorar qué actuaciones pueden emprender en el supuesto de que la Generalitat interponga el recurso. Populares y sin dicalistas consideran que es mejor reclamar ya al TSJCV que fuerce al Consell a ejecutar ya la sentencia que declara ilegales los trece artículos del decreto.

«Este decreto se impugnó no solamente por los 'castradores culturales', tal y como nos calificó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sino que también fue recurrido por CSIF, por la Abogacía del Estado y por la Asociación en Defensa del Castellano. Si hemos acudido a los tribunales es porque el Gobierno no nos ha dejado más opción. Tanto en materia educativa como en lo relacionado con los funcionarios estábamos a favor del diálogo para negociar y buscar algún punto de encuentro. En el decreto no se mantiene una paridad entre los dos idiomas y se conculcan derechos de los funcionarios y de los propios ciudadanos», explicó ayer Bonig.

Torres, por su parte, señaló que la sentencia del TSJCV «da equilibrio a las dos lenguas y por tanto permite que se refleje la libertad de los empleados públicos en el uso de la lengua que quieran, si bien está claro que el ciudadano es quien marca la preferencia lingüística en la que se deben tramitar su documentación o atenderle». La vicepresidenta del Csif considera que el decreto «imponía obligaciones que van más allá de la defensa del valenciano. La sentencia da equilibrio a las dos lenguas».

En una primera sentencia, en relación a la denuncia del PP (presentada por los diputados Jorge Bellver y María José Ferrer San Segundo), el TSJ anuló por ser contrarios a Derecho los artículos 3, 9, 10, 12.3, 14, 15.1, 16, 18,1, 21.1, 26, tres puntos del 20 y la disposición final segunda. Dos días más tarde, el alto tribunal consideró ilegales dos artículos más (el 4 y el 22) al estimar parcialmente los recursos de la Abogacía del Estado, el sindicato Csif y la Asociación para la Defensa del Castellano.

El decreto establecía la preferencia del valenciano tanto a nivel interno, en las comunicaciones entre funcionarios y entidades dependientes de la Generalitat, como a la hora de atender a los ciudadanos. Igualmente, determinaba usar el valenciano en sus relaciones con el Govern catalán y el balear y en las rotulaciones y señalización de edificios, dependencias públicas y carreteras y viales, así como en los escritos públicos, que deberían redactarse en las dos lenguas oficiales de la Comunitat sin necesidad de que sea el ciudadano el que reclame el documento en castellano.

«Ante el anuncio del recurso por parte del Consell, decidimos pedir la ejecución. El decreto lo anula un tribunal, no el PP, y da la razón no sólo a nosotros. No estamos en contra del valenciano, pero hay que mantener la cooficialidad sin imposiciones y sin reabrir antiguas batallas. Solicitaremos la ejecución provisional. Además, tenemos presentado ya una Proposición No de Ley (PNL) para que se debata en el próximo periodo de sesiones de Les Corts. Nuestra intención es reclamar que el conocimiento del valenciano no sea un requisito general sino un mérito para acceder a un puesto en la Administración. Hay labores que se desarrollan en la Generalitat para las cuales es lógico que se reclame el valenciano, pero no se trata de algo genérico», señaló la portavoz del PP en el parlamento valenciano, para quien «estas sentencias son auténticos varapalos a la política educativa y a la política lingüística de Puig y Oltra».

«Ya advertimos de las posibles inconstitucionalidades, dijimos que era ilegal, formulamos alegaciones, no se nos hizo caso, ni hicieron caso al informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) hasta que ha llegado la sentencia del TSJCV», recordó Bonig, que recalcó que en las resoluciones del alto tribunal «se deja claro que no se mantiene la igualdad, que se vulneran derechos en el ámbito de la administración y de las relaciones del ciudadanos con la Administración».

En este punto, hizo referencia a las «guerras abiertas por este tema entre PSPV y Compromís por lo que el PPCV le brinda al PSPV y a la consellera Gabriela Bravo su apoyo para que en el proyecto de Ley de la Función pública el requisito lingüístico, como así viene refrendado por la jurisprudencias española y europea, sea un mérito. Este el principal escollo que tiene la ley debido a la guerra entre Compromís y PSPV».

Para la síndica del PPCV era necesario subrayar que en su partido no se quieren «batallas políticas. Si hemos recurrido a los tribunales es porque no nos dejan otra vía porque no quiere dialogar con el principal partido de la oposición. Lamento que un tema que no estaba generando ningún problema hoy sea un instrumento político del Consell para enfrentar territorios y valencianos».