Cuatro de los seis órganos estatutarios carecen de auditor que vigile sus cuentas

El parlamento valenciano se ha convertido en el blanco preferido y recurrente de la Sindicatura de Comptes, que hasta hace bien pocos años también demostraba una importante alergia a las auditorías. Paradójicamente, la institución que audita a los demás ha evitado ser auditada por un organismo público hasta que su persistencia a la hora de analizar las cuentas de Les Corts ha propiciado una pregunta: ¿Y tú qué? La Sindicatura de Comptes, igual que la de Greuges, ahora sí dispone de un control interno de sus movimientos financieros, y ha solicitado a su homólogo aragonés una auditoría externa. ¿Qué ocurre con el resto de la media docena de instituciones estatutarias? ¿Qué pasa con el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social?. No se sabe. De seis organismos con rango estatutario, al margen del Consell, la Generalitat y Les Corts, cuatro carecen de interventores, dos tercios. Nadie pregunta, y si pregunta, se desconocen las respuestas sobre cómo se gestionan unos presupuestos que, en su conjunto, suponen más de nueve millones de euros anuales.

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Burguera .

Sí se está al tanto la actividad protocolaria de sus máximos representantes, algunos de ellos fijos y fijas en las primeras filas de cualquier evento protagonizado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que deben el cargo, por acción u omisión. Eso se nota, se sabe y se comenta entre los socios del PSPV. La filiación política de Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, es de sobra conocida. Orbita alrededor del Palau de la Generalitat. Con el mismo padrino llegó Arturo León al Comité Econòmic i Social, tras salir por la puerta de atrás de CCOO, sindicato en el que era secretario general hasta que hace un año se vacunó de manera tan irregular que le costó el liderazgo sindical. En septiembre, Puig lo situó al frente del CES tras una propuesta firmada por el mismo presidente y cuatro consellers: Mónica Oltra, Vicent Soler, Rafael Climent y Mireia Mollà. El retiro de León costará a los valencianos el equivalente al coste de un director general, en torno a los 60.000 euros. Hasta su llegada al CES, se pagaban dietas. Esa es una de las pocas cosas que se saben de las cuentas del CES, que dispone de un presupuesto de un millón de euros. La institución cuenta con un portal de transparencia que, sin embargo, no aporta demasiada claridad, o al menos lo hace en riguroso diferido. De hecho, en ese portal se indica que el máximo responsable de esta institución no percibe un sueldo sino que cobra dietas, una información desactualizada.

La transparencia supone que los números se exponen. Un primer paso que nace de la voluntad de los organismos públicos. Sin embargo, las buenas intenciones de estas instituciones se presuponen, no se comprueban, ya que no hay una fiscalización real y rigurosa. El presupuesto del Consell Jurídic (CVC) para el año pasado se puede consultar en la web de transparencia de la institución. Tres millones de euros. La explicación que el organismo ofrece sobre qué se hace con ese dinero ocupa también tres folios y poco más.

En el caso del Consell Valencià de Cultura (millón y medio de presupuesto), el último informe económico que difunde es el de la segunda mitad del año 2020, último año del que también se ofrecen datos de sus cuentas anuales, mientras que respecto a los presupuestos vinculados al personal, hay datos de 2018. En materia de contratación, uno de esos asuntos que preocupa mucho a la Sindicatura de Comptes cuando aborda las cuentas de las instituciones, la información no va más allá de 2017. En el caso de la AVL, (3,5 millones de presupuesto) al margen de la dificultad para localizar su portal de transparencia a primera vista, cuando finalmente se accede a sus balances se constata que carecen de sistematización, hasta tal punto que para acceder al presupuesto del ejercicio pasado de la entidad lingüística, su web remite directamente a la de la Conselleria de Hacienda.

La uniformidad de la presentación de los balances económicos de las distintas instituciones de la Generalitat a la hora de rendir cuentas es prácticamente nula. Cada organismo difunde los datos como buenamente puede o quiere. Las instituciones estatutarias carecen de una unidad de control interno que vigile la legalidad económica y jurídica de sus cuentas.

Alguno de estos organismos asegura que remite sus estados económicos a la Sindicatura de Comptes, pero si esas instituciones no solicitan que la institución auditora les incluya en su plan anual de actuaciones de control, la fiscalización de su actividad es nula. Como viajar en metro asegurando haber comprado el ticket pero con los tornos abiertos y sin revisores, sin certificación de que las cuentas presentadas se ejecutan correctamente.