14.000 millones, la cuenta pendiente de Sánchez con la Comunitat

El 28 de octubre de 2019, en LAS PROVINCIAS se pudo leer esta frase: «Un nuevo sistema de financiación sin compensación de deuda no resolverá el problema de los valencianos». Fue el mismo día que, allá por 1982, un socialista llamado Felipe González llegó a la Moncloa. Otro socialista, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, advirtió 37 años después en una entrevista en este diario que modificar la financiación de la Comunitat no es la panacea. Muchas cosas tendrían que pasar para que otro socialista, Pedro Sánchez, no ocupe el cargo de presidente del Gobierno a partir del martes. Si el conseller de Hacienda tiene razón y nadie se la quita, los socialistas ya pueden ir haciendo camino. No sería, sólo, el que les traza el documento firmado para garantizarse el voto de Compromís, donde no se dice ni media palabra de un asunto que tradicionalmente laceraba el alma de cualquier genuino valenciano: la deuda histórica.

Ese concepto manido durante años, lustros, se ha esfumado, si es que pueden volatilizarse 11.000 millones de euros. Esa es la cantidad que señalaron los informes encargados a los expertos durante la pasada legislatura. ¿Parecen muchos millones? Hace seis años, cuando Compromís estaba en la oposición, le afeó al PP que no reconociese un recibo a pagar de 13.000 millones, una cantidad acumulada, según los nacionalistas, entre 2002 y 2012. La infrafinanciación arrastrada durante dos décadas no se ha compensado en la Comunitat. Otras regiones como Andalucía sí firmaron en su momento un acuse de recibo. Nadie del Botánico abre la boca estos días en relación a este boquete en las cuentas públicas valencianas, un agujero de un tamaño equivalente a la mitad del presupuesto anual de la Generalitat. Sin embargo, es probable que la oposición, donde ahora está el PP, les recuerde a los dirigentes del Consell la importancia de zanjar esa deuda que el propio Soler, ni tan lejos como hace tres meses, señaló como clave para resolver «el problema de los valencianos».

El 3 de octubre de 2018, Ximo Puig acudió a la Moncloa. Dos horas de reunión y una gran promesa del entonces presidente, Pedro Sánchez, al jefe del Consell: que las inversiones para la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 serían acordes al peso poblacional de la región, el 10,6% del total de la poblacion española. En los PGE que se presentaron meses más tarde (casi) se cumplió. De 740 millones de inversiones en los PGE de 2018 se pasó a 1.200 millones (1.189 millones, exactamente, una cantidad, el 9,8% del total del gasto territorializado). Pero esas cuentas no salieron adelante. Sánchez convocó elecciones en abril del año pasado, que se repitieron en noviembre y entre unas cosas y otras sonaron las campanadas de bienvenida de 2020. Aquellos presupuestos, ya pactados con Podemos, deberían valer ahora. El PSPV se ha pasado todo un año recordando esas cuentas estatales con tanto empeño que será complicado que el nuevo Gobierno de Sánchez obvie el añorado montante: cerca de 1.400 millones de euros (si la inversión se ajusta de manera exacta al peso poblacional de la Comunitat en el país), una cantidad fundamental para que cuadren los presupuestos de la Generalitat.

El conseller Vicent Soler confeccionó unas cuentas muy optimistas para 2019 en función de aquella inversión, y de nuevo este año la Generalitat espera recibir una inyección similar que, de no llegar, obligaría a volver a acometer recortes en los presupuestos autonómicos.

Puig señaló entonces, y hace 16 meses ya, que la conversación con Sánchez se desarrolló sobre tres ejes primordiales: sistema de financiación (en la que los valencianos se juegan, al menos, más de 1.300 millones de euros), infrafinanciación en las inversiones (pasar de los cerca de 740 que inyectaba Rajoy a los 1.200 de los PGE de 2019 que finalmente decayeron) y deuda autonómica (cuyo montante global ronda los 50.000 millones, de los cuales la quinta parte se considera una deuda histórica condonable).

valencia. El acuerdo firmado entre Sánchez y Compromís reitera algo que también se anunció como apalabrado entre el inminente presidente del Gobierno y el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig: la activación de los fondos de garantía asistencial y el fondo de cohesión sanitaria. Igualmente prometido a su compañero del PSOE, y de nuevo reiterado a los nacionalistas por parte de Sánchez, fue la condonación de la deuda del Consorcio Valencia 2007.

En 2016, la Generalitat anunció que reclamaría al Gobierno central más de 300 millones por gastos sanitarios. El Fondo de Garantía Asistencial debería cubrir los gastos de los desplazados, principalmente turistas. Condonar la deuda de la Marina implica cerca de 450 millones de euros. Sánchez prometió, y el documento firmado con Compromís lo recuerda de manera expresa, que regularizará de manera paulatina la aportación del Estado en materia de dependencia, que debería suponer el 50% de la inversión y que apenas alcanza actualmente el 12%. Durante el ejercicio pasado, la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Elena Ferrando, cifró en 935 millones de euros la deuda del Estado con la Generalitat en dependencia desde 2015 ya que el Consell ha aportado en este periodo un total de 2.170 millones mientras que el ministerio sólo ha participado con 299,3 millones. Anualmente, de igual a igual, el Estado debería inyectar, por ley, cerca de 250 millones únicamente en lo referido a asistencia social, y aporta unos 70.

Igualmente, el Gobierno central y la Comunitat han ido firmando durante años convenios de colaboración en materia de vivienda social que nunca terminan de ejecutarse. Por otro lado, en el capítulo del debe se sitúan otros asuntos que quizá han sido olvidados por par de los partidos del Botánico (tanto aquí como en Madrid) en las últimas fechas, pero que la oposición no tiene empacho en refrescar. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá mostró recientemente su «sorpresa» por la «amnesia que sufre Compromís cuando hace un mes criticaban la falta de ayudas para el transporte metropolitano y exigían 50 millones de euros y ahora callan y se olvidan de esta prioridad para Valencia». Siempre surge alguien encantado de recordar los olvidos.

El cuento de la lechera es una conocida fábula que viene a advertir de los riesgos de soñar o dar por hecho decisiones o hechos que, quizá por no depender de uno mismo, pueden no cumplirse. Para el Consell del Botánico, la exigencia de un nuevo sistema de financiación autonómica -el actual lleva caducado más de seis años- se acompaña de una cuantificación económica de los recursos adicionales que supondrá para la Comunitat. 1.300 millones de euros más, se sostiene. Así lo viene haciendo el titular de Hacienda, Vicent Soler, que año tras año incorporao en los presupuestos de la Generalitat como «reivindicación política» esos 1.300 millones de ingresos que debería llegar con el nuevo modelo. En realidad, nada ni nadie puede asegurar que el futuro modelo vaya a garantizar un incremento de fondos de esa magnitud, pero la cifra ha calado ya, a fuerza de ser repetida, como un dato esgrimido como prueba de fe. Tan en ello está Soler que justificó su dimisión como diputado a su dedicación exclusiva a lograr esa mejora de la financiación.

La realidad, la que ya se ha producido, dice que la Generalitat recibe bastantes más de esos 1.300 millones de euros. Desde 2014, primer año de prórroga del sistema vigente, y hasta 2018, la mejora de recursos de la Comunitat roza los 2.000 milllones de euros. Una circunstancia que no ha hecho que se abandone la exigencia de esos 1.300 millones adicionales por la nueva financiación, ni que se sujete el déficit, particularmente desbocado desde 2018. El aumento de recursos, unido a la rebaja de los gastos financieros entre 2015 y 2017 -al fijar el Gobierno el tipo de interés 0 para el FLA- ha permitido a la Comunitat disponer de más fondos que, sin embargo, no impiden que el último dato del déficit (octubre de 2018), se sitúe en 1.345 millones de euros. Los 1.300 millones que anuncia el Consell le permitirían recuperar el equilibrio... si no vuelve a desbaratarse el gasto público.