Cuentas pendientes que Sánchez arrastra con la Comunitat

Asignaturas pendientes en materia económica y de infraestructuras figuran en el grueso de la columna del debe. El Gobierno central resulta moroso para los valencianos desde hace años, sea quién sea el que ocupe Moncloa y al margen de la afinidad con el morador del Consell. Se han dado todas las combinaciones posibles: PP al frente de la Generalitat y del Gobierno; socialistas dirigiendo el Ejecutivo central y el autonómico; populares mandando en el Consell mientras en Madrid los ministerios los regenta el PSOE; y socialistas dirigiendo el Gobierno valenciano mientras el central estaba en manos del PP. Ninguno de esos emparejamientos ha servido para arreglar la infrafinanciación de la Comunitat o que cristalicen obras de calado como la ampliación del Puerto de Valencia.

Un Pedro Sánchez muy condicionado por sus pactos con los independentistas será ahora el interlocutor de Carlos Mazón. Cuando el dirigente alicantino alcanzó la presidencia de la Generalitat el 28 de mayo tenía la ilusión (y la previsión) de que el principal oyente de las atascadas cuentas pendientes de la Comunitat sería Feijóo. La realidad se impone y quizá Mazón pueda hacer palanca a través de Compromís, que calcula que la factura valenciana está en torno a los 50.000 millones de euros. Por una parte está el montante económico, si bien el principal problema es una falta de voluntad política endémica.

Pedro Sánchez anunció en el debate de investidura que esta legislatura impulsará la reforma del sistema de financiación y que se basará en los principios de «equidad, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal». También aprovechó para reprochar a las CCAA del PP que pidan más financiación y que al mismo tiempo le bajen los impuestos a los ricos. El drama, en el caso de la Comunitat Valenciana, es que, una vez más, Sánchez no puso plazos a su compromiso. Y la historia dice que cuando los ha puesto tampoco los ha cumplido.

Gracias, u obligado, por el acuerdo con ERC, el PSOE ha comprometido la condonación de una parte de la deuda vinculada al FLA. Un 20% -15.000 millones- en el caso catalán, pero porcentajes variables para el resto de autonomías. El Consell espera recibir el mismo trato que la que más (previsiblemente Cataluña), pero es consciente que la solución al problema de la infrafinanciación viene más por un cambio de modelo. Por otro lado, también espera solución a los fondos que reclama por atención a desplazados (FOGA).

La sospecha de que la autorización pendiente de acuerdo en el consejo de ministros que durante varias semanas se ha agitado en la Comunitat ha dejado paso en los últimos días al convencimiento -expresado también por MSC- de que el Gobierno que elija Sánchez adoptará en breve esa decisión y desatascará la ampliación. Cualquier escenario que no siga ese camino con cierta celeridad dispararía el temor a que MSC tomara decisiones similares a las que ha adoptado con la ZAL. Y eso sí que sería un tremendo lastre.

El séptimo encuentro empresarial por el corredor mediterráneo celebrado esta semana en Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la unanimidad empresarial y política de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía en defensa de esta infraestructura. Juan Roig y Vicente Boluda han vuelto a alzar su voz en defensa de esta infrestructura clave para la Comunitat por «el impacto económico, territorial y medioambiental» de la infraestructura y su contribución a la economía, empleo y la sostenibilidad medioambiental.

La primera visita de Ximo Puig a Pedro Sánchez en la Moncloa como presidente del Gobierno, el 3 de octubre de 2018, propició el anuncio del jefe del Consell de un progresivo aumento del copago de la dependencia. Desde que se aprobó la ley en 2006 quedó determinado un copago al 50%. Jamás se ha producido. En 2018 apenas era del 12% y para el presente año estaba previsto que alcanzase el 21%. Desde 2019, la Generalitat ha aportado 2.500 millones frente a los 350 del Estado.

Los Gobiernos de Pedro Sánchez han aumentado el porcentaje de inversiones para la Comunitat que figuran en los PGE, hasta alcanzar cifras similares a las que establece el Estatuto de Autonomía. Las que figuran sí, pero las que se ejecutan son otro cantar. Las aprobadas para este 2023 en la Comunitat superaron los 1.200 millones de euros, un 4,7% más que el ejercicio anterior. Pero la realidad de la ejecución de estas partidas demuestran porcentajes muy inferiores y una apuesta discutible.

Rita Barberá, como alcaldesa de Valencia, hizo bandera de proyectos como el Parque Central. En 2003 se firmó el convenio para el enterramiento de las vías detrás de la Estación del Norte y su conversión en un pulmón verde. El canal de acceso es prioritario porque permitiría desatascar la operación urbanística, a la que el Gobierno central debe aportar, según el acuerdo de 2019, 200 millones. Pero no hay modo de avanzar, mientras el Ayuntamiento invertirá 3,6 millones en habilitar la Nave 4 de un parque pendiente de agilizar.

La crisis derivada de la incertidumbre internacional y el alza de los precios de los combustibles ha situado al sector cerámico en una situación crítica. El clúster cerámico de Castellón clama por la llegada de las ayudas que el Gobierno de Sánchez prometió en su día y que, debido a un enrevesado encaje burocrático, acabaron siendo prácticamente invisibles. Para el sector resulta «crucial» poder contar con unos precios energéticos competitivos «que no lastren su competitividad». La apuesta por energías renovables es clave.

El convenio firmado en octubre entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, Acuamed, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja (CMA) regulará las condiciones del trasvase Júcar-Vinalopó, durante los próximos 10 años. Un respiro para los regantes de esa cuenca. Lo tienen bastante menos claro los de la cuenca del Segura, porque la transferencia de agua desde el Tajo sigue en peligro. Las nuevas reglas de explotación propuestas lo dejan meridianamente claro.

La llegada del Botánico vino acompañada de la reclamación de las competencias en Cercanías. El Gobierno nunca las cedió. En septiembre de 2018 resurgió la reclamación con motivo del aumento del descontento de los usuarios. Al inicio de la pasada legislatura, Puig insistió. El que era conseller de Obras Públicas, Arcadi España, señaló que sería una negociación con dinero de por medio para asumir la competencia, pero el Consell nunca logró siquiera fijar ni negociar con el Gobierno la partida presupuestaria que se precisaría.