El cuestionado papel de las cuatro psicólogas en el caso Oltra

Las profesionales a las que el juez retrata por su inexplicable o sorprendente actuación son María Isabel Añó, responsable del centro especializado Espill; Inmaculada Martín, una psicóloga de la Conselleria de Igualdad, María Isabel Domingo, directora del Niño Jesús y también terapeuta, y Ana Isabel Junquera, que trabajaba como psicóloga en el centro de protección.

La primera actuación corre a cargo de la responsable de las instalaciones. Ella conoció los abusos el 20 de febrero de 2017. Fue la técnico del centro de DIA quien le comunicó que la adolescente había revelado agresiones sexuales por parte del educador.

La directora elaboró hasta tres «informes de incidencia» donde se le atribuyen frases como «no le dimos credibilidad» a la técnico de DIA que, sin embargo, siempre respaldó a la menor. Recogió que la versión de esta testigo fue negativa respecto a la credibilidad de la adolescente. Pero eso no era cierto, según el juez.

En el segundo de esos reportes, además, el nombre del educador no aparece completo. Todavía hubo un tercer documento, elaborado cuando la Policía Autonómica ya había tenido conocimiento de los hechos. Pese a su «condición de psicóloga con una amplia experiencia» nunca preguntó por los abusos pese a que ya se habían verbalizado antes a seis personas.

Por otra parte, el protocolo del centro, un folio que recoge 18 pautas, explicitaba no dudar de la versión de la menor, entre otras prioridades a la hora abordar estos problemas. Una indicación que, evidentemente, no se cumplió.

Ana Isabel Junquera era la psicóloga 'oficial' del centro Niño Jesús. Mantenía una larga relación personal y profesional con la víctima. Le acompañaba incluso a la cárcel a ver a su padre. Conocía el delicado asunto porque le había informado la directora. En el juicio contra el educador que celebró la Audiencia de Valencia declaró: «No se sustentaba lo que decía». El magistrado no se explica por qué dijo esto si ella no estuvo en la entrevista con la menor. «No se alcanza a entender por qué», insiste en este razonamiento. Tampoco pese a su relación personal, Junquera trató de profundizar en este suceso.

A continuación, cobra relevancia el papel de Inmaculada Martín, la psicóloga de la conselleria, el primer muro de la Administración con el que se topa la joven. La víctima fue conducida a la dirección territorial para que explicara los motivos de su intención de abandonar el centro. Nunca se le dijo que era para investigar los abusos. Martín le preguntó si conocía la razón de esa reunión entre ambas. Y la menor, tal y como le habían informado, contó lo que le habían dicho, que era para tratar su salida de las dependencias. Incomprensiblemente ante esta respuesta, la psicóloga anotó en su informe: «Primera sorpresa».

El magistrado arremete en su escrito contra esta profesional. No entiende qué sorpresa puede causar que la adolescente diga la verdad, es decir, lo que le habían trasladado. Aparte de que la psicóloga tenía la obligación de elaborar un informe, pero no hace más allá de «una diligencia». Así pues, el asunto, pese a la gravedad, se despacha en una entrevista de 45 minutos y un folio. No hubo más encuentros para aclarar los hechos, por ejemplo con la técnico del centro de DIA, que sí había creído a la joven. «No se aprecia ningún indicio» y, por tanto, no se derivó a Espill, el centro especializado en un tratamiento y análisis integral de estos supuestos.

Al juez le llama la atención que nunca nadie del centro ni de la conselleria le preguntaran directamente por los abusos que ella había verbalizado con anterioridad ante seis personas. La menor regresó el día 7 de marzo a las instalaciones. El educador, tres días más tarde. Fue entonces cuando se le pidió que explique su actuación -ya no había interés en llevar el asunto a Espill-. Fue entonces cuando envió un escrito que tituló protocolo de actuación e incluso preguntó a la directora si añadía algo más. Una situación que resulta cuanto menos extraña.

Desde entonces se produce un salto temporal hasta agosto cuando se acordó, tras conocerse la investigación judicial abierta en julio, un expediente informativo sobre el caso. Entonces sí se decide derivar a la menor a Espill para una evaluación más exhaustiva, aparte de recoger testimonios del centro y del educador. Ese informe, en su conjunto, destaca «por el sesgo en contra de la víctima».

María Isabel Año es la psicóloga que interviene por parte del instituto especializado Espill. Efectúa un informe y concluye que es «poco creíble». Luego, ante el juez que investiga el encubrimiento, aclaró que eso no significaba que no fuera creíble. En este expediente se recoge que la menor, durante las entrevistas, se mostró «desafiante y malhumorada» y, además, se evidenciaron «contradicciones y discrepancias».

El magistrado llega a la conclusión de que se trató en todo momento de generar una «apariencia de investigación», pero no hubo un ánimo real de esclarecer los hechos.