Dalmau contradice el pliego y dice que los muebles no son para los altos cargos

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, trató de sacudirse ayer la polémica generada por los dos contratos para la compra de mobiliario aprobados por su departamento, uno que ya se hizo efectivo, adjudicado por 30.000 euros, y otro en proceso de licitación por un precio de 78.000 euros. Y lo hizo tratando de quitarse de en medio, a sí mismo y a los altos cargos de su departamento, y señalando a los servicios territoriales.

Dalmau compareció en Les Corts para explicar las acciones adoptadas por su departamento en relación con el Covid-19. Pero la oposición no dejó pasar la oportunidad de poner sobre la mesa estas polémicas adquisiciones de mobiliario. Tal y como ha venido detallando este diario, la tramitación administrativa del segundo contrato se reactivó aprovechando una de las previsiones excepcionales previstas en uno de los decretos del estado de alarma. Mamen Peris (Cs) cuestionó las 63 mesas nuevas previstas y el elevado precio de las sillas.

El dirigente de Podemos trató de echar balones fuera. «Nosotros no hemos destinado ni un euro a ningún tipo de mobiliario en la vicepresidencia. Ni un euro. Ha sido todo mobiliario de los servicios administrativos para los servicios territoriales, para la gente que está en Alicante, en Castellón o en Valencia y que tienen que tener sitios donde trabajar», dijo el vicepresidente en la Cámara.

Las palabras de Dalmau se contradicen, no obstante, con lo que señalan los pliegos de prescripciones técnicas de los dos contratos de adquisición de mobiliario. En el primero, con fecha de agosto de 2019, se establece que el objeto del mismo es el suministro de mobiliario de oficina y despachos necesarios «para el personal de la Vicepresidencia Segunda Conselleria de Vivienda Arquitectura Bioclimática cuya sede se ubica en el Palacio Pineda». Los servicios territoriales en ningún caso están ubicados en este Palacio, que es donde se encuentra la sede de la vicepresidencia segunda, sino en la calle Gregorio Gea, en Valencia; en la avenida Aguilera, en Alicante y en la avenida del Mar, en Castellón. Además, el contrato estaba dividido en tres lotes, y uno de ellos diferenciaba el «mobiliario de alta dirección», de las sillas y muebles de oficina colectivos.

El segundo contrato, que se puso en marcha en febrero de este año y se reactivó una vez decretado el estado de alarma, es aún más concluyente. En su pliego de prescripciones técnicas, con dos lotes, sillas y muebles de oficina colectivos, establece el ‘desglose específico de las necesidades de cada departamento de la vicepresidencia segunda’. Y distingue entre la subsecretaría, la dirección general de Vivienda y Regeneración Urbana, la de Calidad; la de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana; la de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética; la de Innovación Ecológica en la Construcción. Y sólo después de esta enumeración de los departamentos de su consellera, añade a los servicios territoriales de Valencia, Alicante y Castellón.

De hecho, el mismo pliego especifica los lugares de entrega de los muebles. Y junto a las sedes de los servicios territoriales, establece el Palau de Pineda, donde se encuentra la subsecretaría, así como las de las direcciones generales mencionadas, ubicadas todas ellas en el complejo administrativo 9 d’Octubre.

Los pliegos técnicos de uno y otro contrato establecen que el número total de muebles a adquirir ronda los 500. Sólo en el segundo contrato figuran un total de 313, de los que más de un tercio son sillas de trabajo. El primero, en cambio, distingue entre el mobiliario de alta dirección, con mesas y sillas específicas para unos pocos cargos, de las sillas y los muebles de oficina colectivos.