Borrar
El precio de la luz repunta este martes con la nueva tarifa: Las horas prohibitivas para encender los electrodomésticos
El vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau. Jesús Signes
Dalmau evita respaldar a la asesora que subvencionó compras irregulares de un ex alto cargo de Podemos

Dalmau evita respaldar a la asesora que subvencionó compras irregulares de un ex alto cargo de Podemos

El vicepresidente se limita a transmitir que no adoptará medida con la exedil de la formación morada a la espera de novedades judiciales del caso

A. Rallo

Valencia

Viernes, 27 de septiembre 2019, 00:24

El caso de María Oliver, la exedil de Podemos que impulsó un convenio con la Universitat para un compañero de partido, es un asunto que lógicamente no ha pasado desapercibido para su ahora superior y vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau.

El dirigente optó por Oliver en su equipo -recolocada tras quedar la formación morada sin representación en el Consistorio– pese a que ya estaba investigada por la causa abierta en el juzgado de Instrucción 19 de Valencia. Pero lejos de disminuir los indicios de criminalidad con el paso del tiempo, estos han ido ganando consistencia. Del éxito de su defensa en el juzgado de Instrucción depende en buena medida su futuro político.

Dalmau evitó ayer realizar una defensa a ultranza de Oliver y se limitó a concretar que su posición judicial no ha variado. Así es, sigue estando imputada. Asunto diferente será cuando se produzca alguna variación en esa condición. Dalmau gana tiempo a la espera de ver cómo se resuelve el asunto y si Oliver logra salir indemne del proceso y toda la responsabilidad recae en el titular de Sociología, José Manuel Rodríguez. De hecho, esta parece ser la línea a seguir.

La instrucción afronta definitivamente su recta final tras el informe de la Intervención del Ayuntamiento en el que certifica que las compras que efectuó el docente con fondos públicos no son subvencionables. La Fiscalía ya anticipó que veía indicios de prevaricación y malversación -esa calificación no sería definitiva– y en su día pidió el procesamiento de ambos dirigentes.

No obstante, la práctica de más diligencias solicitadas por el PP, que ejerce la acusación popular, obligó a ampliar las pesquisas. El procesamiento, primera resolución en la que se atribuyen las conductas delictivas a los implicados, puede ser la barrera que termine por forzar una decisión.

Antes de la llegada del Botánico, en los años en los que los casos de corrupción del PP no dejaban de sucederse, era habitual en la oposición reclamar la dimisión de los cargos públicos por una imputación. Alberto Fabra, en un momento de extrema debilidad del PP, llegó a establecer su línea roja en ese umbral.

El Grupo Popular aprovechó ayer el dosier de la Intervención para arremeter contra el actual Consistorio por su pasividad en este asunto a la hora de tratar de recuperar el dinero. Los populares, encabezados por María José Català, pedirán la restitución del dinero que pago de manera irregular el Gobierno Ribó.

En concreto se trata de gastos que ahora el informe del Interventor dice que no eran subvencionables en el convenio firmado por la concejalía de Educación, entonces presidida por la concejal María Oliver, con la Universitat de Valencia. Las compras ya resultaban extrañas al buscar una relación con el convenio del mapa escolar de la ciudad. Sorprende que el Ayuntamiento –ahora la concejalía de Educación está en manos del PSPV– no haya iniciado un procedimiento de reintegro de estas cantidades.

El Grupo Popular denunció en su día que el Gobierno tripartito de Ribó adjudicó por más de 100.000 euros la elaboración de un mapa sobre las necesidades de escolares de la ciudad a un compañero de la ex concejala de Educación, María Oliver, de Podemos. Se trata de José Manuel Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, compañero suyo de partido y miembro del máximo órgano de dirección de Podemos en la Comunitat. Se prescindió de cualquier forma de convocatoria pública y saltándose las observaciones en contra efectuadas por la Intervención municipal en los informes emitidos.

El referido estudio no fue encargado ni aprobado por el Consejo Escolar Municipal, ni la materia a la que se refiere era de competencia municipal. La planificación educativa y los estudios y análisis que le sirven de base son, desde siempre, competencia de la Consellería de Educación. El convenio tenía una vigencia de tres años y ya se han pagado dos anualidades. En total, algo más de 60.000 euros. El PSPV ha frenado la transferencia del próximo ejercicio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

lasprovincias Dalmau evita respaldar a la asesora que subvencionó compras irregulares de un ex alto cargo de Podemos