David Serra, a un paso de ingresar en prisión por la financiación del PPCV

El exvicesecretario del PP valenciano David Serra podría entrar en prisión en próximas fechas. El pasado 13 de enero el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional dictó un auto por el que rechazó su solicitud de suspensión de la pena de 3 años y 8 meses de cárcel que le fue impuesta en junio de 2018 tras ser condenado por tres delitos electorales y otro delito continuado de falsedad en el caso Gürtel. El ex dirigente popular ha presentado esta misma semana un recurso de reforma en el que solicita de nuevo la suspensión de la pena privativa de libertad que le fue impuesta.

Serra, uno de los dirigentes clave en la etapa del PP valenciano dirigido por Francisco Camps, resultó condenado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la financiación irregular de los populares de la Comunitat en los comicios de 2007 -locales y autonómicos- y 2008 -generales-. La Fiscalía pedía para él siete años y medio de prisión, aunque finalmente la pena impuesta al que fuera vicesecretario de los populares valencianos fue de 3 años y 8 meses.

En su recurso de reforma, uno de los últimos intentos para tratar de evitar la prisión, Serra recuerda que los hechos por los que fue condenado se produjeron hace 12 y 13 años respectivamente. Y añade que, tras esos hechos, abandonó toda actividad política, dedicándose exclusivamente a su actividad profesional. La defensa del exdirigente popular presentó un escrito con fecha del 12 de octubre en el que ya solicitaba la suspensión de la pena. La Audiencia Nacional lo rechazó al considerar que no se alegaban circunstancias personales del condenado que no tuviera al tiempo de cometer los delitos por los que había sido condenado.

La defensa del exdirigente popular considera, por contra, que desde 2007 y 2008 sus circunstancias personales, familiares, laborales o sociales sí que han experimentado una considerable modificación. De hecho, alega que Serra se ha casado y ha constituido una familia, además del estado de salud de sus padres que requieren un cuidado que sin la ayuda económica del exdirigente no sería posible mantener. También remarca la colaboración que el exdirigente popular viene manteniendo con Cáritas, prestando de manera totalmente desinteresada asistencia a personas en riesgo de exclusión social, y que, a su juicio, en ningún caso merece ser despreciada como elemento a valorar.

La defensa de Serra aprovecha el escrito para deslizar ante la Audiencia Nacional lo que cabe interpretarse como un cierto reproche por la diferencia de trato recibido por su parte, en comparación con los empresarios confesos en la causa o «la del superior jerárquico de mi representado -en alusión al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa- al que éste estaba subordinado y que resultó ser el 'facto factótum', la única persona de las condenadas que todo lo conocía y controlaba, poseyendo el máximo grado de implicación y que fue condenado a mayor pena» que el propio Serra. El escrito del exvicesecretario popular no hace referencia a que Costa no sólo reconoció los hechos, sino que no ha presentado recurso contra su condena -cuatro años de cárcel- y que además ha decidido colaborar con la justicia.

Pese a todo, Serra trata de evitar el ingreso en prisión. Ese hecho, señala, «poco más contribuirá para esos fines de prevención general (artículo 25 de la Constitución) y sí provocará una más que probable marginación del mundo laboral». Por el contrario, la suspensión de la pena de prisión y su cumplimiento sustitutorio «mediante el pago de una multa y la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad» sí que cumpliría con esos fines de reeducación y reinserción social.

En la sentencia de Gürtel, el tribunal proclamó que Serra «conocía, supervisaba y contrataba con Orange Market». El exdiputado autonómico tenía conocimiento de los actos que se iban a realizar en las campañas y del coste que iban a suponer. Debido a la pluralidad de indicios en contra del exdiputado, la Audiencia concluye que no sólo era conocedor y colaborador del sistema sino que incluso lo define como un «entusiasta» de la ilegal financiación del PPCV. «No hay duda alguna de su culpabilidad», se zanjó.