La declaración de Oltra acaba con su jefe de gabinete y su subsecretario imputados

Se trata del entonces subsecretario de Igualdad y actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, y del exjefe de gabinete de Oltra y ahora asesor de la vicepresidenta Aitana Mas, Miquel Real. La investigación vuelve a afectar a cargos nombrados directamente por la entonces vicepresidenta, personas de su máxima confianza. De igual modo que las diligencias ya salpicaron en su momento a la directora general de Infancia, Rosa Molero, el segundo alto cargo junto con Gamero.

Sin día y hora por el momento para que ambos declaren como investigados, el titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia quiere profundizar sobre todo el proceso que se desencadena a partir de que la consellera recibe en su casa la orden de alejamiento contra su entonces exmarido, aunque seguían compartiendo vivienda en agosto de 2017. Esto desembocó finalmente en la formación de un expediente informativo o información reservada donde se cuestionó la credibilidad de la menor.

Las dos nuevas imputaciones evidentemente alargan la instrucción de la causa. Esto frustra las expectativas de un final favorable a Compromís y más todavía que el desenlace llegue a tiempo para situar a Oltra como cabeza de cartel en las próximas elecciones.

 

El jefe de gabinete, en realidad, fue la correa de transmisión de la orden de Oltra de que se averiguara qué había pasado en la conselleria, siempre que se adopte como cierta la segunda de las versiones de la investigada, la de que se equivocó cuando declaró que la orden de la investigación fue suya y que ese relato se debió a «un estallido emocional» de la dirigente.

Real fue una de las personas que acompañó durante todo el pasado lunes a Oltra en la Ciudad de la Justicia durante su delicada y extensa comparecencia judicial. Un nutrido grupo de partidarios animó a la líder de Compromís a su llegada a la sede judicial, pero también quisieron arroparla en su salida, ya de noche, tras siete horas de testimonio. Real fue una de las personas más activas en ese círculo e incluso entró con ella dentro del complejo judicial.

El exjefe de gabinete, que estuvo casado con la consellera, ha sido finalmente citado para que aclare todo el recorrido de esa orden. El pasado viernes, la acusación popular de Vox había solicitado estas citaciones.

De igual modo, esa acusación popular consideraba relevante la declaración, también como investigado de Francesc Gamero, subsecretario de la conselleria. Él fue quien habló con Real del encargo transmitido por su superiora, siempre según el testimonio de la vicepresidenta ante el juez. Finalmente ambos han sido citados a declarar como imputados por lo que pueden mentir. Fuentes judiciales planteaban recientemente la comparecencia en calidad de testigos, con la obligación de decir la verdad.

El instructor no se ha pronunciado, de momento, sobre otra de las cuestiones planteadas por Vox como nuevas diligencias. La acusación pretende acceder al listado de llamadas de la vicepresidenta a Miquel Real durante aquellos días convulsos de agosto de 2017, nada más conocer la existencia de la investigación penal. Este informe trataría de aclarar la intensidad de las comunicaciones entre ambos responsables.

Además, con esta diligencia se persigue que esas pesquisas se amplíen al educador condenado por abusos en el mismo sentido: averiguar el número de llamadas entre Oltra y su expareja en un momento donde supuestamente no tenían relación.

La acusación particular, la que representa a la víctima Teresa Tanco, también pretende ampliar las vías de investigación a raíz del testimonio de la exvicepresidenta que no pudo despejar las principales incógnitas alrededor de su actuación y la de su departamento. En concreto, plantean la necesidad de conocer qué profesional de la Abogacía de la Generalitat efectuó un informe acerca de que no se podía representar a la entonces menor en un procedimiento penal.

Oltra alegó que no se podía hacer porque la norma que lo permitía no fue aprobada hasta después de la primera vista al educador. La acusación sostiene que eso no es cierto y que la ley anterior ya permitía esas operativas judiciales para la protección de los menores tutelados. Así, el letrado solicita que se reclame a la Administración «las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaran en relación con la posible personación como acusación particular».

«Resulta de indudable interés conocer que letrado/a de la Generalitat pudo firmar semejante dislate jurídico», precisa el escrito de la perjudicada, una circunstancia que, en su inicio, pudo contribuir a la desprotección de la víctima que ahora se investiga.

La representación legal de la víctima también pretende aclarar otro hecho que ocurrió el primer día de juicio en la Audiencia: la sorprendente circunstancias de que Teresa Tanco acudiera a la Ciudad de la Justicia esposada pese a que ella era la víctima. Una circunstancia que incidió en la «revictimización» de la entonces menor con todo el estrés añadido que le generó ir engrilletada.

Así, con el ánimo de despejar estos interrogantes, plantea la citación de los dos policías que actuaron en aquel dispositivo. Recuerda, además, que la unidad de menores de la Policía Autonómica depende de la Conselleria de Justicia.