El PP exige derogar el decreto de la policía lingüística tras el reciente varapalo del Supremo

La Síndica del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, anunció este martes la presentación de una propuesta en la Cámara autonómica para derogar definitivamente el decreto que regula la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) tras el último varapalo judicial al Consell.

Ese varapalo, después del propinado por el TSJ de la Comunitat, lo dio el Tribunal Supremo, que la semana pasada rechazó el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat contra el fallo del alto tribunal valenciano. El Supremo, en su sentencia, asume los criterios del TSJ valenciano, mantiene la nulidad de 13 de los 16 artículos del decreto impulsado en 2017 por la conselleria de Educación de Vicent Marzà, y ratifica que el planteamiento de una policía lingüística -tal y como se ha venido denominando a esa Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL)- tiene un carácter de procedimiento administrativo que el decreto omite. Además, esa norma establecía la creación de un registro de todas las actuaciones llevadas a cabo, algo así como un catálogo de infractores de los derechos lingüísticos de los valencianos.

La síndica popular señaló que la proposición no de ley «pide que se derogue el decreto por completo y se cierre la oficina tras la sentencia del Supremo que dice clarísimamente que persigue a quien habla castellano». Catalá explicó que «la sentencia ha dejado vivos solo tres o cuatro artículos y pedimos que se cierre definitivamente. No tiene sentido esa persecución a quien habla castellano y más cuando los tribunales están tumbando una tras otra todas las iniciativas del Consell. Pedimos el cese inmediato de la actividad, la nulidad de lo que haya actuado y la eliminación de toda información, dato o registro generado por esa oficina. No se puede señalar a una persona por no hablar en valenciano ni perseguir a los comercios que hablan en castellano», remarcó.

Por último, Catalá indicó que «nos gustaría que el Botànic se pronunciara sobre si van a mantener la Oficina, cuál va a ser su actividad y su finalidad una vez decretado que vulnera los derechos de los ciudadanos».

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