![La defensa de Rodríguez apunta a los exgerentes por los contratos de alta dirección](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202102/11/media/cortadas/LF2V6XZ1-RTwQA8ps555w6dxYxUPXOXO-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
![La defensa de Rodríguez apunta a los exgerentes por los contratos de alta dirección](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202102/11/media/cortadas/LF2V6XZ1-RTwQA8ps555w6dxYxUPXOXO-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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El recurso de apelación de la defensa del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez señala a los exgerentes de Imelsa Josep Ramon Tiller y Agus Brines como responsables de los contratos de alta dirección por los que ahora se ha procesado al exdirigente socialista y a otras 14 personas de PSPV y Compromís por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de hasta 1,1 millones de euros.
El escrito al que ha tenido acceso este diario señala que Rodríguez «no tuvo intervención alguna en la contratación de estos responsables de área». De hecho, apunta que Tiller y Brines formnalizaron los contratos de trabajo con cada uno de los responsables de las áreas según criterios determinados por los servicios jurídicos y de recursos humanos de la empresa». De hecho, se señala en diversas ocasiones a José Luis Vera y a Vicente Javier Domingo.
La defensa de Rodríguez lamenta que no se le permitiera interrogar a uno y otro, ni al secretario de la corporación, Vicente Boquera, y recuerda que la función de todos ellos era «asesorar al Presidente y al Consejo de Administración de la legalidad de todas sus actuaciones». En el escrito se rechaza la consideración respecto al incremento de altos cargos en Divalterra como consecuencia de la llegada de nuevos directivos. De hecho, identifica hasta un total de 16 responsables en la antigua Imelsa para demostrar que los puestos nombrados no incrementaron ese capítulo de gasto. No sólo eso, recuerda que la empresa experimentó ahorros de «nada menos que 6 millones de euros en un periodo de 4 años». En el escrito se lamenta que se haya denegado la incorporación a la causa de determinada prueba documental y se rechaza que los contratos de alta dirección se concedieran por su vinculación partidista. «Basta una lectura de los curriculums -señala- para comprobar, no solo la preparación académica de cada uno de ellos, sino incluso su experiencia profesional», indica.
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