Las defensas rompen el acuerdo por las agresiones del 9 d'Octubre al no estar conformes con las órdenes de alejamiento

Tensión en las puertas de la Ciudad de la Justicia. Dos concentraciones, con el lema fin del antifascismo, se han instalado en las puertas de las dependencias judiciales. Los acusados han ido entrando de manera individual y pausada lo que ha evitado incidentes de gravedad. Tan sólo uno de los acusados se ha dirigido a los concentrados al grito de: «Esteu sempre plorant». De igual modo, una destacada presencia policial ha contribuido a reducir el riesgo de cualquier altercado de entidad.

Una de las defensas había confirmado a las puertas del juicio que la inmensa mayoría de los procesados (26 de 28) había llegado a un acuerdo de conformidad con las diferentes acusaciones. El pacto se había cerrado, siempre de manera provisional, con un año y cuatro meses de prisión para buena parte de los procesados. Dos iban a ser castigados con cuatro meses más de prisión.

Los acusados que coparon el banquillo han utilizado mascarillas y gafas de sol, incluso alguna capucha, para evitar salir en los medios de comunicación. Otro de los procesados mostró una actitud desafiante ante los informadores.

Pero el pacto, gestado tras semanas de negociación, se rompió en la propia sala. Al parecer, buen número de defensas -sorprendentemente- ignoraban algunos de los términos de la conformidad una vez iniciada ya la vista.

En concreto, todos los problemas residían en la orden de alejamiento que, en la práctica, se traducía en que los acusados no pudieran permanecer en la ciudad de Valencia. Uno de los letrados detalló que eran 300 metros durante tres años tanto de las víctimas como de las sedes de todas las instituciones convocantes. Al menos 14 entidades fueron las que anunciaron la protesta.

La Fiscalía ha asegurado que esa condición y la distancia ya figuraba en los pactos iniciales. Algunas defensas, sin embargo, lo han negado. No conocían, al menos en su totalidad, estas condiciones. Son dos versiones diferentes y que condicionan el análisis de lo que ha sucedido en la vista. El presidente del tribunal, visiblemente molesto, ha reclamado «un poco de seriedad» a las partes ante un hecho inédito, que se anuncie una conformidad sin que todos los letrados conozcan el contenido. Finalmente ha aplazado la vista hasta el próximo mes de marzo.

Una de las defensas, que no ha pactado con las acusaciones, ha querido exponer la situación de su patrocinado, José Antonio García Herrero, que fue imputado tras ampliar el juez la investigación. Ha alegado indefensión porque no se le dio traslado de uno de los recursos. Además, ha presentado un documento en el que pidió en su momento la suspensión de algunas de las concentraciones que se convocaron esa tarde festiva.

Una sentencia de conformidad hubiera impedido que los condenados recurrieran el fallo. Además, evitaba un juicio durante semanas que ninguna parte deseaba. Ahora, en el tiempo hasta la próxima vista, las defensas y acusaciones pueden seguir negociando y llegar a un nuevo acuerdo o no. Y en estos términos o en otros.

A la salida de la Ciudad de la Justicia sí que se vivieron momentos de mayor tensión que al principio de la jornada. Uno de los acusados escupió a uno de los convocantes y le lanzaron una patada que no llegó a impactar. Más tarde, uno de los principales procesados, conocido como El Alfarrasi, se burló de los convocantes, tal y como se aprecia en la información. La Policía Nacional, además, pidió identificar a uno de los convocantes por excederse en el horario de la pancarta. Finalmente, desistieron en su propósito tras intervenir la letrada de una de las acusaciones.

La Fiscalía de Valencia exigía penas muy duras por los incidentes del 9 d'Octubre de 2017. Las agresiones se produjeron durante la manifestación vespertina de ese día, que llevaba como lema «Si al valencià».

Los problemas comenzaron alrededor de la plaza de San Agustín donde se reveló que el dispositivo policial fue insuficiente. El ministerio público acusaba a 28 personas de delitos como desórdenes públicos, lesiones, coacciones y contra el ejercicio de derechos fundamentales como el que se pretendía ejercer aquel día con la manifestación.

La investigación acreditó que alguno de los investigados exhibía simbología neonazi y de extrema derecha. Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.

Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la Plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio la marcha reivindicativa, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista. «Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre, y en fin dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación, y ello por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan», tal y como relata un auto.

Los encausados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron presuntamente a varios manifestantes. De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la Plaza Alfonso el Magnánimo, «ante una acción concertada de distintos investigados», de acuerdo con el cierre de la instrucción judicial. Desde entonces no se han registrado más incidentes, en parte, por el incremento del dispositivo policial.

• Temas
• Valencia (Ciudad)
• Valencia (Provincia)
• 9 d'Octubre