El Defensor del Pueblo investiga a Oltra por los casos de abusos a menores

El Defensor de Pueblo ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados sobre los casos de abusos sexuales a menores tuteladas en Baleares y la Comunitat Valenciana. Así lo anunció en el Congreso, Cuca Gamarra, en su cuenta oficial de Twitter, donde compartió la notificación del Defensor del Pueblo en la que se informa de la admisión. Gamarra lamentó que el Gobierno «mira hacia otro lado» en relación a este asunto y pidió a los grupos parlamentarios que apoyen una comisión de investigación sobre estos hechos. También reclamó que «se asuman responsabilidades políticas». Entre ellos, el caso de la menor tutelada por el que fue condenado por abusos a cinco años de prisión el exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra.

A finales de noviembre, el grupo popular remitió un escrito al Defensor del Pueblo reclamando su intervención para investigar la actuación del Gobierno estatal, así como de instituciones y gobiernos de Baleares y la Comunitat Valenciana, en relación con los casos, así como exigir las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido en dichos hechos.

El PP considera que estos «lamentables acontecimientos» deben esclarecerse ante la «falta de información y transparencia» impuesta por las instituciones. Igualmente, el PP en la Comunitat ha llevado hasta el Parlamento Europeo los casos de agresiones sexuales en los centros de menores de la Comunitat. El Comité de Peticiones ya admitió a trámite esa denuncia e inició una investigación, por la cual solicitó a la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra una serie de documentación que la vicepresidenta del Consell ha asegurado que se está preparando para remitir a Bruselas.

La petición la presentó en su día portavoz adjunta del PP en Les Corts Elena Bastidas, que señalaba en aquel documento que solicitaba ejercitar su derecho de petición tras haber recibido «numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat» y que en los últimos años «han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares» de la Comunitat.

En su escrito, la diputada popular mencionaba una decena de casos, entre los que se encontraban dos referidos al caso de la menor tutelada, pero también otros. «Ejemplos -señalaba- de lo que desgraciadamente ocurre con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana», explicaba. Casos en los que se pone en peligro «la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos», se indicaba.

Bastidas denunciaba que hechos de esta gravedad «trascienden el ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales» de los menores de edad, tal y como reconoce el derecho de la Unión, siendo un asunto «que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento por la Comisión de Peticiones en aras a recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para competer a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso».

La condena al exmarido de Oltra, ratificada por el TSJ valenciana, incluía un severo reproche a la actuación llevada a cabo por el departamento de la vicepresidenta del Consell, haciéndose eco del cuestionamiento, en términos similares, expresado por el ministerio público.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, reaccionó el viernes a la investigación abierta por el Defensor del Pueblo y pidió «justicia, verdad y asunción de responsabilidades» en la gestión de los centros de menores.