El 0,2% del déficit, misión imposible

El Gobierno valenciano salió moderadamente satisfecho de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado viernes. Primero, por el compromiso del Ejecutivo central para liquidar el IVA de 2017, aunque fuera mediante préstamos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) extraordinario. Segundo, por la ampliación al 0,2% y 0,1% de los topes de déficit para los ejercicios de 2020 y 2021, respectivamente. Ximo Puig insistió ayer, no obstante, en que se trata de una «satisfacción relativa», porque el problema viene del modelo de financiación autonómica y en su propuesta de un déficit asimétrico para la Comunitat Valenciana.

Este último concepto, el que hace referencia a que cada CCAA pueda tener su propio límite de déficit -tal y como ya ocurrió en 2013-, será objeto de debate en la próxima reunión del CPFF, prevista en pocas semanas. La propuesta valenciana, tal y como se acordó en la comisión mixta Corts-Consell de la semana pasada, propone elevar al 1,2% el tope de déficit para la Comunitat. Una diferencia de 1 punto de PIB -algo más de 1.000 millones de euros- sobre el tope global, y que se sostiene en el argumento de los 1.325 millones de ingresos que deberían llegar por la reforma del sistema de financiación autonómica.

Lograr o no ese déficit asimétrico dependerá en buena medida del criterio que muestren el resto de CCAA. Mientras tanto, lo que los números revelan es que la Comunitat Valenciana no tendría ninguna opción de cumplir ese 0,2% aprobado por ahora. Un repaso de los resultados del déficit logrados desde 2010 demuestra que el mejor dato se obtuvo en 2017, con un 079% -851 millones de euros-, es decir, casi cuatro veces ese tope del 0,2%. En 2018, el último ejercicio cerrado, esa desviación fue de siete veces ese 0,2%, al alcanzar el 1,42% -1.571 millones de euros. La marcha de 2019 tampoco conduce al optimismo. Noviembre, el último dato publicado, eleva el déficit valenciano al 1,29%. Fuentes del Consell consultadas por este diario admitieron ayer la imposibilidad de cumplir no sólo ese 0,2%, sino muy probablemente el 1,2%. Sólo con el dato correspondiente a 2019 -la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha llegado a aventurar que la Comunitat acabará el año con una desviación entre ingresos y gastos del 1,8%- ya se puede concluir que en 2020 difícilmente se podría cumplir ese 1,2% que se reclamará -toda vez que serían necesarios ajustes o incrementos de ingresos por valor de 600 millones de euros.

El compromiso del Gobierno es reformar la financiación autonómica en ocho meses. Mientras tanto, el Consell confía en el déficit asimétrico.

La tesis del Gobierno valenciano -ayer la reiteró el propio Puig- pasa por poner en valor, en público, dos «compromisos muy importantes» del nuevo ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, al asumir parte del déficit para las comunidades y abordar el cambio del modelo de financiación autonómica como «núcleo central». Incluso reconoció un «cierto compromiso» por el aumento de la aportación del Estado para dependencia para que pase del 12% actual al 50% como marca la ley. En privado, las expectativas de cumplir el déficit en 2020 son prácticamente nulas.