Rus se defiende del caso Imelsa: «Todo es palabrería del yonki del dinero»

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, lleva un tiempo en un discreto segundo plano. Ni concede entrevistas ni protagoniza ya declaraciones a la puerta de los juzgados. Quizá porque ya hace meses que no es convocado en la Ciudad de la Justicia.

El exdirigente popular sólo espera que se resuelvan de manera favorable los diferentes procedimientos que amenazan su futuro. En apenas una semana, se dictaron dos autos de procesamiento por los asuntos de los zombies –personal que cobraba una nómina sin trabajar– y el amaño del call center. Serán sus dos primeros juicios.

Rus, no obstante, considera que no existen indicios incriminatorios contra él en el caso del centro de atención telefónica. Su supuesta implicación se sustenta «en la palabrería del yonki del dinero». Se refiere a las declaraciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, colaborador de la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del expresidente de la Diputación, en su recurso, hace un repaso de todo lo investigado hasta el momento y de la falta de motivación del auto de procesamiento. En primer lugar, ataca la falta de acreditación de las relaciones entre Rus y la empresa Servimun, la ganadora del concurso. Se establece por «ciencia infusa» que los pliegos del concurso contaron con el beneplácito de Rus. De igual modo, critica que el hecho de que el empresario y Rus fueran de Xàtiva no puede ser un indicio de una relación de amistad. «Esta pieza se apertura única y exclusivamente por las declara de Marcos Benavent, en uno más de sus relatos carente de consistencia. No existe ningún dato objetivo, ninguna prueba, ni tan siquiera una suficiente pluralidad de indicios, que acredite la supuesta mediación de mi representado«, recoge el escrito con el que el letrado trata de evitar la vista oral.

De igual modo, recuerda cómo el informe pericial que consta en la causa no detectó irregularidades en la adjudicación del call center, un servicio de dos millones de euros. Al margen de estas cuestiones, la investigación de la Guardia Civil, en cambio, sí ha permitido apuntalar transferencias de dinero desde la empresa beneficiaria al exsuegro de Benavent, Mariano López. Este, que era expresidente de los empresarios de La Costera, supuestamente intercedió en la Diputación para que le dieran el contrato a la mercantil bajo sospecha. López camuflaba los ingresos de dinero, casi 200.000 euros, a través de una empresa sin actividad y en la que tenía dada de alta a su suegra.