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A. CERVELLERA
VALENCIA.
Sábado, 30 de junio 2018, 00:38
Juan Carlos Fulgencio tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno esta misma semana. La actividad de la Policía y Guardia Civil durante estos días ha sido frenética con operaciones contra la mafia armenia y con la actuación en el dispositivo Alquería, con los seis detenidos en la Diputación de Valencia. En apenas unos días en su cargo, ya ha sumado su primer traspié como máximo dirigente gubernamental al pronunciarse y criticar el dispositivo policial. No hay que olvidar que se trata de dos cuerpos policiales que están bajo su mando. Además, las declaraciones de Fulgencio rompen la tradicional neutralidad de un cargo como el que ocupa, en el que siempre ha prevalecido la parte institucional por encima de la política.
Tras reunirse con Antonio Estañ, secretario general de Podemos, Fulgencio confesó que con los datos actuales no llega a entender «el alcance de determinadas medidas», como los registros que tuvieron lugar en domicilios como el de Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación.
El responsable insistió en que desde el respeto a las decisiones judiciales este delegado «no es partidario de la anticipación de penas». Fulgencio destacó que toda la actuación hizo «un daño importante» tanto a las personas implicadas como a su entorno más próximo y consideró que «todo no debe ser posible». «Seguramente cuando conozcamos las causas lo comprenderemos pero a mí me produjo una sensación de desasosiego», remarcó el delegado, que añadió que si los detenidos han tomado decisiones no acertadas y no respaldadas por el derecho, deben tener el reproche jurídico correspondiente pero «no una anticipación mediática como la que Jorge Rodríguez y otros compañeros sufrieron ayer (por el miércoles)». Estas declaraciones se produjeron el mismo día que el entorno de Rodríguez alentó la teoría de la conspiración que apuntaría a responsables de su propio partido. Difícil encaje encuentra esa hipótesis con afirmaciones en las que le muestran su apoyo.
La vicesecretaria regional del PPCV, Elena Bastidas, por otra parte, no dudó en tachar de «intolerable» que el delegado «se estrene en su cargo con críticas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura ejerce» y recordó que «lamentablemente en la Comunitat se han visto imágenes muy desagradables de dispositivos similares y cargos incluso esposados».
Desde la Delegación no tardaron en emitir una nota en la que se subrayaba el respeto a cualquier actuación judicial. También se insistía en el cuestionamiento cuando se indicaba que el delegado se había preguntado, desde el desconocimiento de la causa, «si en ocasiones la espectacularización de las operaciones puede atentar contra las personas» y «el daño anticipado» que eso genera.
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