El PP denuncia un agujero presupuestario de la Generalitat Valenciana de 3.000 millones

El portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciado que la Generalitat ha dejado «un agujero de 3.000 millones de euros al aumentar la deuda en 2.269 millones durante el ejercicio de 2017 e incumplir todos los compromisos presupuestarios que anunciaron».

En rueda de prensa, Ibáñez ha hecho referencia al informe realizado por la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio de 2017 y ha destacado que en el mismo se constata «un abuso descarado de los contratos menores, del fraccionamiento de los contratos y hay 339 expedientes de enriquecimiento injusto por valor de 1.115 millones de euros«.

El portavoz popular ha expresado que se trata de cifras indignas, ya que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tenido «un 14 % más de ingresos y 2.355 millones de euros más de financiación que el pasado gobierno del PP».

Ibáñez ha afirmado que el Consell atesora una «ingente cantidad de facturas en el cajón por importe de 1.252 millones de euros» y ha subrayado que esto »es un claro resumen de una gestión caótica y de una administración incapaz de gestionar los intereses de los valencianos«.

Además, el dirigente popular ha denunciado que a los universitarios valencianos «se les habían prometido 24 millones de euros en becas y solo se han pagado 220.00«.

Según el PP, ha existido un «manifiesto recorte de derechos», ya que la Sindicatura estima que entre lo presupuestado en 2017 y lo que se ha gastado realmente «hay una diferencia de más de 3.000 millones de euros». «Esto antiguamente se llamaban recortes, ahora supongo que serán desviaciones o ineficacias a la hora de gestionar correctamente el presupuesto», ha enunciado irónicamente el portavoz.

Desde el punto de vista de los controles administrativos, Ibáñez ha denunciado que la Generalitat «no dispone de ninguna base que identifique los reparos a la gestión de PSPV y Compromís» y ha tildado de «sorprendente» que los controles financieros específicos como el Plan Estatal de Vivienda «haya sido suspendido temporalmente y que la última información publicada sea de 2016».

El portavoz ha señalado que el objetivo de Puig es «bajar hasta lo mínimo los controles para poder realizar todas aquellas gestiones que tengan consideración sin ajustarse a lo que legalmente está establecido».

Por último, ha denunciado que ninguna empresa pública «ha presentado el informe obligatorio de acciones de carácter económico y financiero» y que en 2017 en el sector público «se han dejado de pagar 221 millones menos de lo que tenían previsto pagar».