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El Consell del Botánico, que hizo de la apuesta por la transparencia una de sus grandes banderas a su llegada a las principales administraciones públicas, se ha olvidado ya de aquel compromiso. El grupo popular de Les Corts ha presentado un escrito formal de queja ante la Mesa de Les Corts por los permanentes obstáculos que, según relata, pone la conselleria de Agricultura a sus solicitudes de documentación. El documento, que lleva la firma de la secretaria general de los populares, Eva Ortiz, señala que el departamento que dirige Mireia Mollà pone «obstáculos ilícitos» a las solicitudes de información que formula el grupo parlamentario popular, a pesar de que se trata de requerimientos que ya cuentan con el visto bueno de la Cámara.
El escrito detalla la «especial intensidad» de la conselleria de Agricultura para entorpecer la acción de los diputados en su labor de control de la acción del Ejecutivo autonómico. Y en especial, por lo que se refiere a la entrega de documentación que tanto la Cámara autonómica como el propio Consell deben encargarse de garantizar. El escrito en cuestión hace referencia a una serie de expedientes de licencias investigadas por la Inspección General de Servicios porque los había informado una funcionaria que tenia conflicto de intereses -entre ellos uno del anterior vicepresidente de la diputación-, así como los contratos menores suscritos por la conselleria durante 6 meses del año 2019.
Los populares explican que alguna de esas solicitudes tienen fecha del mes de septiembre de 2019 -hace ya medio año-, y que, pese a solicitad una serie de expedientes, la respuesta del departamento de Mollà se limitó a ofrecer una relación de los mismos así como a ofrecer una cita a la diputada para su consulta. «Resulta especialmente sorprendente -relata el escrito- que no solo resultara al personal al servicio de mi grupo excepcionalmente complicado obtener la cita, sino que incluso señalada la misma, la conselleria rechazara entregar copia de los expedientes aduciendo que los archivos (es decir, los armarios en los que se almacenan físicamente los expedientes en la conselleria) de la misma son una fuente accesible al público, a los efectos del artículo 12.2 del Reglamento -que obviamente se refiere a los portales de transparencia o similar- manifestación ésta que supone una burla al ejercicio de la acción parlamentaria».
La dirigente popular relata que , incluso tras personarse un diputado del grupo popular en las dependencias de la consejera para obtener la documentación requerida, se le negó la puesta a disposición de la documentación, motivo por el que el pasado 19 de febrero ya se presentó un requerimiento dirigido al Cónsul «instando a cumplir con el mandato reglamentario a la mayor brevedad, sin que se haya realizado a fecha de la presente».
Ortiz señala que ha ocurrido una situación similar con otras solicitudes de expediente, a las que la conselleria que dirige Molla ha alegado su gran volumen para no entregarlos, a pesar de que se trata de expedientes que se tramitan de forma exclusivamente electrónica, y por tanto, apenas ocupan espacio físico.
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