El presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó, ha presentado denuncia ante el juzgado de guardia por los pagos efectuados desde Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa y ahora en proceso de liquidación, ... a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en relación con el convenio suscrito entre ambas entidades en 2016 para la constitución de la Fundación para la puesta en marcha del Centro para la Investigación y el Conocimiento en la Administración Local (Cical). Un acuerdo impulsado por el exnúmero tres del PSPV y en su día principal asesor de Ximo Puig, José Manuel Orengo, ahora retirado de la primera línea política.
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La denuncia de los populares, a la que ha tenido acceso este diario, plantea la posibilidad de que Orengo, el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, y los exgerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo (PSPV) y Agus Brines (Compromís) sean responsables de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El relato de los hechos que realiza Mompó constata las diversas irregularidades que desde el mismo momento de su nacimiento rodearon a esta fundación, calificada en su día de chiringuito por los grupos de la oposición. Su origen es un acuerdo entre Divalterra y la FVMP, por el que la primera se comprometía al pago de 120.000 euros a la entidad dirigida por Alfaro, para colaborar en los trabajos de constitución de la mencionada fundación, una suerte de laboratorio de ideas, tal y como se presentó, dirigido a que los ayuntamientos con menos recursos pudieran disponer de herramientas con las que afrontar el día a día de su gestión.
La idea era buena, según se sostuvo siempre desde el PSPV. Pero se abrió paso porque Orengo, exalcalde de Gandia y persona de la máxima confianza de Puig, fue el que la impulsó justo tras abandonar la jefatura de gabinete del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
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La denuncia relata que esos 120.000 euros iniciales pactados debían ir abonándose en función de las facturas que la entidad municipalista fuera presentando a la empresa provincial. La primera, por valor de 40.000 euros, se abonó, por «la elaboración del primer anteproyecto, preparación del convenio, adaptación de la idea original, primer borrador. CICAL Contactos, científicos, institucionales y académicos».
A partir de aquí, las cosas dejan de estar tan claras. Las dudas respecto a la realidad de los trabajos surgen en Divalterra, que plantea la «revisión, eliminación y aclaración de algunos documentos de la memoria presentada», hasta el punto de reducir el importe global a 106.958,43 euros. A partir de aquí, la Agencia Antifraude entra en escena. El PP recuerda que la entidad que dirige Joan Llinares emitió informe en el que constató diferentes irregularidades vinculadas a la justificación real de los trabajos presentados. Para empezar, al considerar que el acuerdo entre Divalterra y la FVMP no es otra cosa que una subvención directa con carácter finalista, que la empresa de la Diputación no está capacitada para hacer.
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Además de constatar la copia de trabajos, Antifraude señala la aplicación de porcentajes no justificados de dedicación a las nóminas que justifican los gastos de personal adscrito al proyecto; la eliminación no justificada de la justificación final de gastos de las nóminas correspondientes a enero de 2017; o la imposibilidad de imputación al convenio de gastos generados con anterioridad o posterioridad al mismo.
«Se están justificando mediante la imputación de gastos a nóminas de empleados en aquel momento todos de la propia Federación de Municipios y Provincias, concretamente José Manuel Orengo Pastor, Gonzalo Albir López, Vicent Gil Olmedo y Francisco Micó Micó que incrementan notablemente sus retribuciones, para la realización de unos trabajos conveniados que no se justifican debidamente», señala la denuncia.
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La denuncia reseña que una comisión interna de Divalterra ya anotó la necesidad de rebajar en más de 41.000 euros el montante total de los sueldos atribuidos al personal de Cical, que rozaba los 95.000 euros -la práctica totalidad de la cuantía del acuerdo se iba en sueldos-.
El auditor interno de Divalterra se sumó a estas dudas sobre el dinero vinculado a Cical, al establecer que no se cumplían los criterios ni se aportan por parte de la FVMP evidencias al respecto tanto en lo relativo a los gastos de personal como los generales.
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Divalterra ya ha aprobado dirigirse a la FVMP para solicitar el reintegro de los 40.000 euros pagados, la única factura que sí se atendió. Una decisión que da buena muestra de la falta de claridad respecto al acuerdo suscrito y que pone entre la espada y la pared a sus impulsores.
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