Denuncian a un edil de Jorge Rodríguez por atacar a una acusación del caso Alquería

El juicio del caso Alquería se prolongó durante meses. Es habitual que en procesos de esta duración se mantengan relaciones cordiales y de respeto entre todas las partes pese a las diferentes posiciones procesales. Pero no fue este el caso. Más bien todo lo contrario.

La letrada de Acción Cívica, representada por el abogado Ramiro Blasco, ha denunciado a Oscar Borrell, concejal de Ontinyent, por injurias y calumnias debido a sus ataques en redes sociales. En ese municipio, el alcalde es Jorge Rodríguez, principal acusado en Alquería.

El comportamiento de Borrell, que asistió como público a una sesión, resulta sorprendente e inédito en el marco de un proceso de estas características. El edil difundió a través de sus redes sociales que la profesional que trabaja para Acción Cívica había llevado a su hijo al colegio tras darle Apiretal –un medicamento– y eso suponía que era una «corrupta» y un ejemplo de «mala praxis que ponía en riesgo a toda la escuela». En algunos de sus mensajes iba un paso más allá y reclamaba explicaciones al propio presidente de Acción Cívica por proteger a la supuesta autora de un delito contra la salud pública.

La querella, de momento se ha presentado la demanda de conciliación, paso previo e ineludible para continuar con esta acción judicial, se ha interpuesto en un juzgado de Ontinyent, localidad donde Borrell ejerce de concejal de Territorio, Educación y Servicios Sociales. Rodríguez, tras ser expulsado del PSPV por el caso Alquería, montó su propio partido y arrasó en las elecciones pese a sus problemas judiciales.

La representación legal de la víctima ha acudido a un notario que ha levantado acta sobre todos los mensajes del concejal. En algún caso, los tuits incluso contaron con el aparente apoyo de Manolo Mata, exsíndic del PSPV y defensa en Alquería, que respondió con un emoticono.

Este tipo de comunicaciones –se habla incluso de un delito de lesiones o de homicidio imprudente– se efectuaron a través de Twitter y exceden «claramente de los límites que autoriza la libertad de expresión, habiendo sido proferidas con claro ánimo de injuriar y de calumniar a la demandante», según la perjudicada. Otro de los mensajes «claramente ofensivos» es este, que se produce después de que la víctima aparentemente bloquee a Borrell: «Bloqueando a ciudadanos que denuncian su falta de ética y su mala praxis. Esto es normal presidente Antonio Penades y borras los tuits? Anuncio que llevaba al niño enfermo al colegio y pone en peligro a sus compañeros. Eso es un delito».

La representación legal de la letrada reclama que el autor de los tuits rectifique y plantea, además, una indemnización de 5.000 euros por los daños morales y perjuicios ocasionados con la difusión de esos mensajes.