Denuncian en un juzgado de Valencia las adjudicaciones a la empresa de la exdirectora del Instituto de las Mujeres

El escrito se ha presentado recientemente en el decanato de Valencia. Todavía se desconoce qué juzgado se encargará finalmente de las diligencias que también salpicarían a la pareja de García, la mujer que se encargó de la firma una vez su compañera fue nombrada alto cargo del Gobierno central. La propia García compaginó durante algunos meses su responsabilidad pública con los intereses privados.

La empresa bajo sospecha por beneficiarse de un supuesto tráfico de influencias es Elig Consultoría. La sociedad recibió contratos valorados en cerca de 150.000 euros de Ayuntamientos valencianos –casi todos gobernados por el PSPV– y de la Conselleria de Igualdad.

Isabel García acumulaba una larga trayectoria política de más de una década vinculada al PSPV. Había sido diputada provincial del PSPV, concejala en el Ayuntamiento de Xirivella y asesora del Ministerio de Transportes de la mano de José Luis Ábalos. La empresa la creó el el 14 de febrero de 2022. Su pareja también desempeñó durante un tiempo su labor de asesora en el Senado.

La denuncia no aporta indicios de las supuestas irregularidades. Se trata, en su mayoría, de contratos menores, aquellos que se pueden adjudicar directamente a una de las empresas interesadas siempre que el importe no supere los 15.000 euros.

El escrito de Manos Limpias se limita, en realidad, a enumerar diferentes contratos. Por ejemplo, del Ayuntamiento de Alcàsser, Alaquàs, Moncada y Catarroja, Marines y Orihuela. En algunas ofertas sólo se presentó la empresa de la dirigente socialista.

La Conselleria de Igualdad también contó con la firma ahora bajo sospecha. Le adjudicó uno de los contratos más importantes, por importe, y consistía en la gestión de los puntos violeta en los principales festivales de música de la Comunitat. Por otro lado, la denuncia recoge unos hechos más antiguos, en concreto de 2017, cuando García era diputada de Igualdad, Juventud y Deportes en la Diputación de Valencia y adjudicó dos contratos a Elisabeth García. En total, cerca de 18.000 euros por su labor en diferentes eventos como especialista de Igualdad.

La denuncia persigue que se impute a las dos empresarias por los delitos de falsedad de documento público, prevaricación y tráfico de influencias. Se desconoce si existe una querella anterior por adjudicaciones en otros territorios, lo que llevaría a que toda la causa se acumulara -en caso de aceptarse- en el juzgado más antiguo.