Las denuncias fallidas de Rosa Pérez ya cuestan dinero a su ayuntamiento

Las denuncias fallidas no conocen ideología. La actual consellera de Transparencia y coordinadora de EU en la Comunitat, Rosa Pérez, llevó a los tribunales en 2014 a ocho ediles del Ayuntamiento de Catarroja, donde era concejal hasta la legislatura pasada. En concreto, denunció una presunta trama de prevaricación administrativa en la contratación de personal entre 2003 y 2011, de la que responsabilizaba a todo el equipo de gobierno –en se momento, del PP–, incluso a la anterior alcaldesa, de Unión Valenciana. Los juzgados acabaron archivando la causa en diciembre de 2019 y la acusación, ejercida por Pérez Garijo y otro concejal de EU, Daniel Portillo, evitó recurrir, por lo que la sentencia es firme.

Pues bien, la denuncia fallida ha acabado teniendo consecuencias económicas para las arcas municipales de la localidad de L'Horta. La junta de gobierno local aprobó la pasada semana el pago de 5.445 euros en concepto de honorarios de la defensa de una de las denunciadas, tras el archivo de la causa. En concreto, Catarroja deberá asumir los gastos ocasionados a María Ángeles López Vázquez, exalcaldesa de la localidad, denunciada por Pérez Garijo en 2014 junto a otros siete ediles. El ingreso se produce después de que la afectada haya reclamando dicha cantidad por los honorarios de su defensa en la causa, por lo que el Ayuntamiento ya ha procedido a la necesaria retención de crédito. La reclamación abre ahora la puerta a que los otros siete ediles que también fueron denunciados reclamen los gastos de su defensa en la causa archivada, lo que obligaría al consistorio a asumir la totalidad de los gastos, que podrían ascender a más de 40.000 euros. Algunos de los afectados, consultados por este diario, han reconocido que se plantean ahora reclamar los gastos de su defensa, después del precedente que sienta la reclamación de López Vázquez, a la que abonarán lo que gastó en abogados.

La situación es idéntica a la vivida en el Ayuntamiento de Valencia con las denuncias del asesor popular Luis Salom a ediles del actual equipo de gobierno, a algunos de los cuales el consistorio ya ha tenido que indemnizar por la reclamación del pago de costas de sus abogados en las denuncias que han acabado archivadas.

Los abogados del Ayuntamiento no pudieron ejercer la representación de los ediles porque supuestamente existía un conflicto de intereses. Pero sí les corresponde recibir la compensación económica. De hecho, se aplica el mismo criterio que contempla la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat para los altos cargos en caso de denuncias que se archiven o procedimientos que terminen en absolución. Tanto es así que algunos excargos del PP también han recibido esta indemnización tras archivarse las acusaciones de corrupción contra ellos. Es el caso del exdirector general de Cooperación, Josep Maria Felip, absuelto en la primera pieza del caso Blasco, a quien la Generalitat tuvo que pagar los 17.000 euros que supuso su defensa en el juicio, pero hay más precedentes con otros exaltos cargos.