El desaire del Gobierno al Rey provoca una fractura en el Poder Judicial

La tormenta desatada por la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, que se celebrará hoy en Barcelona, no tiene visos de amainar tras ser recibida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un desaire por parte del Gobierno. Y la respuesta que debía dar la judicatura ante esta descortesía ha provocado la fractura del Poder Judicial. La Comisión Permanente del órgano, cuya renovación de miembros lleva bloqueada desde hace dos años, se reunió ayer para acordar una posición. Tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre el asunto -fue rechazado por tres votos contra cinco, según informaba ABC, entre estos últimos el del propio Lesmes-, los miembros de la Comisión Permanente acordaron que sea el presidente del Poder Judicial el que exponga la posición oficial del órgano de gobierno de los jueces durante su discurso oficial, en el que mostrará la «preocupación» por la exclusión del Monarca, que faltará al acto solemne por primera vez desde su coronación en junio de 2014.

Esta fórmula no gustó a los vocales del sector conservador, que votaron en contra y, acto seguido, emitieron su propio comunicado. Seis miembros del órgano judicial -Juan Martínez, Juan Manuel Fernández, María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Gerardo Martínez y Nuria Díaz- «lamentan profundamente» en su escrito no contar en el acto con la presencia de Felipe VI. En el documento recuerdan que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey», por ello defienden que el acto debería ser presidido por el Monarca.

En el escrito no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia del Rey. Consultados al respecto, la mayoría de vocales prefieren no mostrar públicamente su indignación, aunque la muestran en privado. Una excepción es la de José María Macías, designado a propuesta del PP, quien en una entrevista concedida a la Cadena Ser aseguró que, tras la confirmación inicial, se recibió una segunda comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que el Rey no podía participar en el acto. «Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba», afirmó.

Desde el Ejecutivo, en cambio, siguen sin ofrecer explicaciones concretas a la decisión y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se vio obligado ayer a salir a defender la inasistencia del Rey al acto solemne justificando que detrás de la maniobra hay «todo un paquete de razones». Aunque acabó insinuando que realmente se debe a motivos de seguridad. «Hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger la instituciones y, sin duda, la monarquía lo es», afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

El titular de Justicia se refería a la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra. Un fallo que preocupa especialmente al Ejecutivo, que intenta desde hace meses atar el apoyo de ERC y otras fuerzas soberanistas a los Presupuestos de 2021, y teme que se pueda reeditar una oleada de protestas como las vividas hace justo un año tras la sentencia a los políticos independentistas juzgados por el referéndum del 1-O.

No obstante, fuentes de las Fuerzas de Seguridad aseguraron ayer que no les consta ninguna amenaza específica contra el Rey en Cataluña que justifique la suspension de su visita, informa 'La Razón'.

Independientemente de la justificación, lo cierto es que el miércoles se conoció que el CGPJ había cursado una invitación al Monarca para presidir el acto, como es tradicional, y que Zarzuela la aceptó en un primer momento para declinarla posteriormente. Desde el Gobierno, a quien corresponde según la Constitución refrendar la agenda de la Casa Real, no aclararon quién tomó la decisión, tan sólo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, respondió con un escueto «quien corresponde».

En el mismo sentido se manifestó la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró auer desconocer los «detalles» de la ausencia del Rey, pero subrayó que tanto el jefe del Estado como el poder judicial tienen «el máximo respeto» del Gobierno.

El veto al Rey ha levantado ampollas en las filas de la oposición. Para el PP, que Felipe VI no esté en el acto sólo puede explicarse porque el Gobierno quiere «esconderle», porque su presencia en Cataluña «molesta», en palabras del consejero madrileño de Interior y Justicia y secretario de Justicia de los populares, Enrique López. El principal partido de la oposición no duda de que detrás de esta ausencia está la mano del Ejecutivo de Pedro Sánchez; obtendrá un «pírrico beneficio» ante los partidos independentistas, pero para el resto de España supone «humillar al Jefe del Estado y al Poder Judicial», advirtió López, quien rechaza que puedan alegarse motivos de seguridad.

Ciudadanos, por su parte, exigió al ministro de Justicia que aclare si la ausencia del Rey se debe a que el Gobierno le ha prohibido asistir y, en ese caso, por qué se considera «legitimado» para tomar esta decisión.