La descentralización que Puig no practica en la Comunitat

Puig apuesta por sacar de la capital de España algunas entidades que, en tanto que organismos dependientes del Ejecutivo central, tienen su sede en la actualidad en Madrid. El presidente valenciano ha planteado trasladar la sede del Tribunal Constitucional, de Puertos del Estado o el Instituto de Oceanografía. «¿Por qué ha de estar todo en Madrid?» se preguntó en la entrevista concedida hace pocos días a este diario.

Pero, ¿por qué ha de estar todo en Valencia? La realidad de la defensa de la descentralización de instituciones y entidades de Madrid que hace Puig choca con la escasa puesta en práctica de esa dinámica en el ámbito de sus responsabilidades: el Gobierno de la Generalitat y la Comunitat Valenciana. Una conselleria, la de Innovación, y poco más de media docena de entidades componen todo el bagaje «descentralizador» atribuible al presidente valenciano.

Puig se encontró a su llegada al Ejecutivo valenciano en 2015 con dos entidades que ya tenían su sede fuera de Valencia. Por un lado el Síndic de Greuges, la alta institución dependiente de Les Corts que tiene su sede en Alicante. Por el otro, el Comité Económico y Social (CES) el semidesconocido organismo consultivo del Consell en materia económica, sociolaboral y de empleo, que tiene su sede en Castellón. La Sociedad Proyectos Temáticos también ha tenido su sede histórica en Alicante. Y de ella dependen proyectos como Distrito Digital, también ubicados en la Ciudad de la Luz.

En mayo de 2015, en plena campaña de las elecciones autonómicas, el entonces aspirante socialista Ximo Puig prometía que las competencias autonómicas en materia de Turismo tendrían rango de conselleria, y que ésta se ubicaría en Benidorm. Pues... ni lo uno ni lo otro. El Botánico nunca le dio rango de conselleria a Turismo y, desde luego, las competencias en ningún caso están en la capital de la Marina Baja. De hecho, el responsable de Turismo es Francesc Colomer, natural de Benicàssim, y su secretaría autonómica depende de presidencia de la Generalitat.

La conselleria de Innovación que dirige la ilicitana Carolina Pascual sí que tiene su sede en Alicante. La sede sí, pero poca cosa más. Los antiguos estudios de la Ciudad de la Luz acogen un departamento del que han trascendido poca cosa más que una subvención a una Fundación de la que es socio el marido de la consellera, el intento fallido de contar con sede fija y formal también en Valencia y los constantes relevos en su segundo escalón.

Vinculada a las políticas de Innovación, la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) también cuenta con su sede institucional en Alicante. La agencia debe tener por ley su sede en Alicante, pero sin embargo ha desdoblado los espacios y mantiene en Valencia la sede operativa. De hecho, su director, Andrés García Reche, despacha en las instalaciones de la Plaza del Ayuntamiento, donde también está su equipo y la mayor parte de funcionarios adscritos a esta entidad. Una maniobra que en su día generó un profundo malestar en Alicante.

Recién salido del horno, y en Castellón. La entidad encargado de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales en el ámbito de los medios audiovisuales en la Comunitat, y que preside José María Vidal tiene su sede provisional en la Casa dels Caragols, en la capital de la Plana, a la espera de contar con una sede definitiva.

También tiene su sede en Castellón la Agenda Valenciana antidespoblación (Agenda AVANT), dirigida por Jeannette Segarra y que «nace de la apuesta firme y necesaria por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana de luchar contra la despoblación a lo largo de nuestro territorio». Lo componen, asegura en su página web, 154 municipios en riesgo de despoblación.