Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, ha vuelto a comparecer un martes más para explicar la acción de Gobierno valenciano y fundamentalmente todo el proceso de ... reconstrucción por la dana que arrasó l'Horta Sud el pasado 29 de octubre. El escenario es el habitual de las últimas semanas con una enorme tensión entre el Gobierno y la Generalitat por saber quién carga con la mayor responsabilidad del desastre y con algunas discrepancias entre el PP nacional y el autonómico.
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Feijóo, por ejemplo, dijo el pasado lunes en una entrevista en Onda Cero que Mazón estaba «noqueado» los primeros días y por ese motivo no pidió al presidente del Gobierno la declaración de emergencia nacional, mientras el presidente aclaró que no estaba noqueado. «Se equivocó por fiarse de un Gobierno que en vez de ayudar empezó a buscar rédito electoral para generar un relato», indicó Camarero. El presidente Sánchez también podía haberlo pedido, «pero estaba pensado en los votos». «Eso es lo que le importa de verdad». La vicepresidenta ha evitado admitir que la Generalitat cometió el error de no pedir la declaración de emergencia nacional, tal y como se desprendía de las declaraciones de Feijóo.
Camarero ha exigido la necesidad de que se mantenga el FLA extraordinario, una línea de crédito del Gobierno para que la Comunitat abone servicios fundamentales. El Ejecutivo, no obstante, ha condicionado esto a la aprobación de la senda de gasto. «Esto es un chantaje», ha concluido. No fue la única petición de la Generalitat durante la comparecencia. También se ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición para poder hacer frente a la demanda de funcionarios que reclama la Administración valenciana.
La vicepresidenta ha informado de varias contrataciones de emergencia para suministros y reparaciones de diferentes emplazamientos. También respecto al coste de personal. Por ejemplo, el pago de 130.000 euros en intérpretes para la expedición marroquí que acudió a Valencia a extraer lodo y completar tareas de mantenimiento. De igual modo, se han aprobado las ayudas directas para los valencianos que hayan perdido su vehículo.
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Camarero ha aprovechado, como ya resulta habitual, para arremeter contra la gestión del Gobierno desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, ha querido subrayar el papel del comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, al que ha criticado por no haber hecho ninguna comparecencia pública desde que asumió su responsabilidad. Algo similar a la actitud de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que también está 'desparecido' desde la catástrofe ambiental y desde aquel día no se le conocen declaraciones públicas pese a su relevante rol en la gestión de los cauces.
El otro frente es el enorme desconcierto en el Gobierno valenciano acerca de la tramitación del denominado Fondo de Solidaridad, una reserva de la Unión Europea para ayudar a las regiones en grandes dificultades. Camarero ha explicado que el presidente Sánchez anunció el pasado 5 de noviembre que lo había tramitado ya con las autoridades, pero después rectificó y dijo que no se había gestionado, siempre según el relato del Gobierno valenciano. «Ahora ha salido la delegada del Gobierno y asegura que está en tramitación». La vicepresidenta reclamó claridad. «La inacción no es una opción».
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La dirigente ha defendido una vez más la «transparencia y colaboración» de Mazón cuando se le ha preguntado si podría ser posible que la Generalitat adelantara un resumen de todas las llamadas y comunicaciones que el presidente efectuó aquella fatídica tarde. La vicepresidenta no se pronunció respecto a esta cuestión, pero apuntó que son la Aemet y la CHJ los que tienen que algo que ocultar. «Por eso no han ido a la comisión del Ayuntamiento de Valencia».
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