El desconcierto en el PSPV: prepara una querella por el festival del 9 d'Octubre y rechaza otra por los 200 muertos

Todavía resulta más incierto el resultado final. El delito de homicidio imprudente, de entrada, no encaja fácilmente en los hechos. Es decir, que en la tarde del 29 de octubre se antojara como posible que hubiera fallecidos o lesionados si no se adoptaban una serie de decisiones políticas. Sin olvidar que estas, claro, deben ser proporcionales y adecuadas a la información que se dispone en esos momentos.

Los partidos, no obstante, pretenden mover el avispero judicial, conocedores de que el desgaste en este terreno se prolonga durante años. Y es una formidable hoja de ruta para llegar a las próximas elecciones autonómicas con la gestión de la catástrofe como principal asunto. Vox ya ha dirigido sus sospechas hacia la actuación de la ministra Teresa Ribera. Otras organizaciones de similar naturaleza ideológica, como por ejemplo Manos Limpias, apuntan a responsables de Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyos dirigentes no están aforados y, por tanto, se iban a instruir desde el principio en un juzgado unipersonal.

Finalmente, la investigación de la dana arrancará en un juzgado de instrucción después de que el TSJ rechazara las querellas presentadas contra el presidente ante la falta de indicios concretos contra el aforado. El alto tribunal, siguiendo la tesis de la Fiscalía, apuntó que debe ser un juzgado ordinario el que analice el caso y si aprecia indicios suficientes elevar una exposición motivas al alto tribunal.

En ese juego de intenciones y estrategias llama la atención la posición del PSPV. Fuentes oficiales descartaron en su momento la presentación de una querella para que se diriman responsabilidades tras la muerte de 224 personas. No es algo que se planteen, indicaron. Sin embargo, el grupo socialista sí preparaba una querella por indicios de corrupción por la contratación del festival Som la Terreta, del festival de 9 d' Octubre.

Nada más se sabe de esto, quizá olvidado tras el enorme impacto de la dana. Tres meses después de aquello no se tienen noticias respecto a esta acción en la que ya trabajaba un despacho de abogados de Valencia. Algunas fuentes apuntan que el partido no quiere participar de forma activa en una acción que puede terminar salpicando a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o al presidente de la Confederación, Miguel Polo. Ninguno de ellos, por cierto, es aforado.

Compromís está a la espera de recibir toda la información que han reclamado al Gobierno, pero también a la Generalitat. En principio, la idea que barajan es denunciar sólo a responsables autonómicos pero sin que se descarte, a medida que se avance en las diligencias, la posible imputación de dirigentes gubernamentales. Es ese un escenario al que no se opondrían, según las fuentes.

El PP y, por extensión, la Generalitat, aseguran que no es el momento idóneo para las acciones judiciales. Pero no descartan hacerlo en un futuro.