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Si hay una conselleria que sufre el estrés electoral es la de Hacienda. No es que el resto viva esos preparativos como un paseo en ... barca, ni mucho menos, pero hay un departamento que se encarga de las arcas públicas y de estirar los números cuando todo el Gobierno autonómico busca lucir lo mejor posible de cara a elecciones: Hacienda. A eso se suma que venimos de una legislatura con una pandemia y las consecuencias de una guerra en Ucrania que ha disparado la inflación. Y se remata con la especial coyuntura económica de la Comunitat, la región española peor financiada y en la que la deuda pública se ha desbocado de manera más vertiginosa. Todo este desgaste externo ha propiciado una evidente erosión interna. El conseller de Hacienda Vicent Soler dejó de serlo a un año exacto para las elecciones. Le sustituyó Arcadi España con el firme propósito de no tocar una conselleria sostenida con alfileres a causa de ese desgaste externo. Sin embargo, han caído dos piezas en los últimos meses. Isa Castelló, directora general de Sector Público y Patrimonio, dimitió. Adiós y gracias. Y otra alto cargo, Eva Martínez, ha pedido una baja que se prevé de larga duración y que no está previsto que se sustituya. No estaba ese departamento como para perder efectivos, y las ausencias se están dejando notar en el día a día del departamento encargado de negociar y tramitar acuerdos que engrasan la Administración y permiten que el motor continúe carburando.
Martínez, una trabajadora con muchas horas de vuelo en Hacienda y de las que apaga la luz en la conselleria porque echa muchas horas en el despacho, es la responsable de la Dirección General de Presupuestos. Su ausencia está cubriéndose un poco por todos. Unos y otros intentan tapar la baja en un departamento clave dentro de Hacienda, cuyo titular, Arcadi España, ofrece un perfil público casi nulo para intentar que no se le desmonte la gestión de su departamento en el esprint final de la legislatura. Lo tiene más que complicado.
La anterior directora general de Sector Público y Patrimonio evitó rubricar varias operaciones delicadas, entre ellas, el acuerdo para que la Generalitat permitiese a la escuela de negocios alicantina Fundesem Business School superar el concurso de acreedores, así como la compra de un edificio en ruinas que el Ayuntamiento de Gandia necesitaba vender para sanear cuentas. Toni Such, hombre de la máxima confianza de Ximo Puig, ha sido enviado desde Presidencia para suplir a Castelló y firmar todo lo que sea necesario, haya informes técnicos favorables o desfavorables.
La Dirección General de Presupuestos es la clave de bóveda de la política de gasto del Consell. Lo cual no es poca cosa cualquier día del año (autorización de contrataciones y creación de puestos pasan por allí), pero que es un departamento casi 'radiactivo' a pocos meses de las elecciones. La ausencia de Martínez es una baja muy sensible por tratarse de un área muy técnica. Las llamadas entre despachos de Hacienda para intentar tapar las ausencias se han multiplicado. No obstante, hay negociaciones y tramitaciones que se han atascado durante las últimas semanas por falta de interlocutor.
Sin ir más lejos, el presidente Ximo Puig anunció medidas como la prórroga de la gratuidad del transporte público para jóvenes a sabiendas de que no disponía de cobertura presupuestaria. Igualmente, en el periodo de enmiendas al presupuesto para este año se aprobaron ayudas millonarias a proyectos como el de un congreso de movilidad que finalmente se celebró sin que Hacienda concediese la subvención prevista. «Tenemos un déficit enorme y seguimos con los 'ximoanuncios'», admitían fuentes de Hacienda a principios de este mes, fuentes que advertían que los actuales responsables de la Conselleria de Hacienda ya prevén que tendrán que «'cerrar el grifo' después de las elecciones. El conseller (Arcadi España) se refiere al gasto en cada ocasión que tiene, y Puig también lo ha advertido».
El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los presupuestos de la Generalitat prevé que la Comunitat cerrará este año con un déficit cinco veces superior al previsto por la Conselleria de Hacienda. Y eso que se estima un incremento de los ingresos por el sistema de financiación del 25%.
Pero es que no es fácil preservar cierta liquidez cuando los anuncios de nuevas medidas económicas suplementarias se suceden casi semanalmente. El día después de las elecciones, cuando las obligaciones de pago tendrán que continuar ejecutándose (durante años se ha logrado recortar el periodo de pago a proveedores, y la intención es que esa tendencia no se revierta), se prevé complicado.
Tampoco lo ha tenido fácil especialmente durante los últimos meses la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Mako Mira. La número dos socialista en Hacienda (el otro secretario autonómico es Fran Gamero, de Compromís) también ha tenido que asumir puntualmente alguna firma propia de las competencias de la Dirección General del Sector Público. Igualmente, mantiene un pulso con Economía y Feria Valencia con el fin de pilotar la transición de la institución ferial al ámbito público, que igualmente permanece en punto muerto y que no avanzará hasta después de elecciones. Mira, que se ha ganado fama de apagafuegos y de una interlocutora leal en las negociaciones, es de los altos cargos que, como el perejil, está en todas las salsas y el desgaste también es evidente, una erosión que afecta a prácticamente todo el equipo de una consellería clave para que el resto del Gobierno autonómico y la Administración puedan desarrollar su actividad.
El día que Arcadi España aterrizó en la conselleria de Hacienda para sustituir a Vicent Soler, hubo quién consideró que Puig reforzaba el poder de su estrecho colaborador. «Tendrá las llaves de la caja», se dijo entonces para hacer alusión a que sería el encargado de negociar los presupuestos con las consellerias.
No obstante, lo que se apuntó desde otros ámbitos iba justo en la dirección contraria: en la caja no había dinero, la administración autonómica estaba en la bancarrota y dependía, de hecho, del oxígeno financiero que le aportara el Gobierno.
El tiempo ha acabado dando la razón a esta segunda realidad. La gestión de España al frente de Hacienda se caracteriza por unas cifras que constatan un colapso superlativo -líderes en déficit y deuda- y una dependencia máxima del Ejecutivo central, que hace que la mayor parte de los números rojos autonómicos sean con el Estado.
El argumentario de 'primero de Botánico' dice que la razón de ser de todos los males financieros de la Comunitat Valen ciana tienen que ver con el retraso. Una sentencia que, no obstante, se corrige con la boca pequeña cuando se reconoce que los ingresos por el sistema de financiación, igual que los provenientes de los distintos fondos habilitados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia o a la inflación, han aumentado de forma sensible en los últimos años –los de la financiaciòn para 2023 crecen un 25%, recuerda la AIReF-.
No obstante, la exigencia de un nuevo modelo –justificada en la evidente diferencia existente entre los fondos por habitante que recibe la Comunitat y los del resto de autonomías– tiene que mantenerse. La creatividad presupuestaria de incorporar todos los años 1.336 millones de euros de ingresos 'ficticios', aunque acaban retirándose, no resultan suficientes para compensar la diferencia entre ingresos y gastos cada año en los presupuestos. El déficit al cierre de 2022 se situó en 3.847 millones de euros, un 3,11% del PIB valenciano. La autonomía con peor resultado presupuestario de las 17 regiones españolas es también, vinculado a la misma razón, la que acumula una deuda más elevada en relación con su PIB, y la segunda en términos absolutos, por encima de los 55.000 millones de euros. Una mochila insostenible, de imposible devolución, cuya única alternativa pasa por un fondo de compensación y por una condonación de la deuda, de la que el Botánico no habla porque el Gobierno tiene claro que Bruselas no tolerará una operación de ese tipo.
La AIReF, como Fedea, empeñadas en introducir algo de seriedad en las cuentas públicas, acaba de advertir que el déficit que la Generalitat prevé para 2023, un 0,3% de su PIB, es cinco veces inferior al que la entidad prevé para el mismo ejercicio. Pero que no se note que hay elecciones dentro de poco más de un mes. Las promesas de bonos y ayudas de todo tipo, se paguen o no, tienen que ir por delante. Eso sí, en algunos casos ha habido que devolverlas.
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