La desimputación de Monzó abre la puerta a un archivo total de la causa de la visita del Papa

El reciente auto de la Audiencia de Valencia que exculpaba a Eusebio Monzó de irregularidades en la liquidación de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias abre la puerta a un archivo de la investigación tras más de cuatro años de pesquisas. La instrucción se encuentra agotada y no quedan más diligencias para practicar.

La clave del asunto se ha mantenido inalterable desde el comienzo de la investigación. ¿Era la fundación pública o privada? Y la respuesta a esta cuestión condiciona el desenlace de toda la causa. Si es privada, las contrataciones bajo sospecha no tienen por qué estar sometidas a la Ley de Contratos. Entonces, no habría caso. Esto es lo que defienden varias periciales presentadas por las defensas y que concluyen que la fundación siempre fue privada. Los letrados dan una enorme importancia al dictamen del abogado del Estado en excedencia Javier Gómez Ferrer que desemboca precisamente en esa conclusión.

El auto de la Audiencia ha hecho crecer la esperanza de los imputados de que esta investigación tiene fecha de caducidad. La resolución de los magistrados de la sección Cuarta recoge que la fundación «devino pública» con la inyección de los dos millones de euros que aportó la Generalitat para fundamentalmente abonar las deudas que arrastraba. Si esa es la tesis de la Audiencia, los contratos que se firmaron con todas las empresas y que ahora se cuestionan no se debían ajustar a la Ley de Contratos. Esa tesis de la Sala supone, en esencia, derrumbar todo el relato acusatorio que Anticorrupción, junto con informes de la Abogacía de la Generalitat, había elaborado hasta la fecha. Si esa parece ser la idea de la Sala, un avance del procedimiento con la futura incoación del auto de procedimiento abreviado por parte del juzgado -una resolución que equivale al procesamiento- sería ciertamente complicado. La Sala, en un posterior recurso, podría tumbarlo de acuerdo a la posición que ya ha adelantado. Y esto, sin tener en cuenta otra tesis, la de que la fundación ni siquiera con ese dinero de fondos públicos modificó su naturaleza porque el dinero que se dijo destinar como dotación no tuvo ese carácter permanente sino que se destinó al pago de deudas, según algunas periciales.

Son varios investigados los que han presentado ya un escrito de archivo de las actuaciones. El más reciente, el de Henar Molinero, la que fuera secretaria general de la Fundación V Encuentro. Se acoge en parte al razonamiento anterior, pero además recuerda que si Monzó únicamente siguió las órdenes de la Generalitat en la misma situación se encontraba ella respecto al patronato. Pero estas peticiones se suman a la que en su día presentó Francisco Camps o Enrique Pérez Boada, expresidente del IVF, otro de los que se ha visto salpicado por esta causa que parte de una pieza separada de Gürtel.

Y todo lo anterior, al margen de que el evento religioso, tal y como se diseñó, generara gastos enormes a la administración o se pudiera haber resuelto de mejor manera. La policía, en alguno de sus informes, recuerda que para la celebración del evento se procedió a levantar un altar, se contrataron servicios (promoción, publicidad, sonorización y pantallas) y se acordó el suministro de productos (mochila del peregrino, sillas, vallas, urinarios). Pero no existían pliegos para estos encargos. El patronato tenía un carácter meramente representativo, pero las decisiones se adoptaban en lo que se conoce como grupos de trabajo o comisiones. A Juan Cotino, fallecido por coronavirus, le atribuían el control de esos grupos.