La liquidadora comunica al jefe jurídico de Divalterra su despido

La salida de Vera, investigado en el caso Azud, estaba cantada desde que la semana pasada se conoció el contenido del decreto firmado por el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, por el que daba luz verde al traspaso de cuatro de los últimos cinco empleados de Divalterra a la propia Diputación. El quinto, por tanto el único que se quedaba descolgado, era Vera.

El hasta ahora responsable de los servicios jurídicos de Divalterra accedió a este cargo a finales de 2015, con la llegada de Víctor Sahuquillo y Agus Brines como cogerentes de la entonces todavía Imelsa.

Vera ha desarrollado su labor en una empresa que, pese a su presencia, se ha visto salpicada de forma casi permanente por causas de corrupción e investigaciones judiciales. Sin contar el caso Imelsa, que también tuvo que gestionar el propio Vera, el cese de Sahuquillo o la detención y posterior dimisión de Jorge Rodríguez por unos contratos de alta dirección en Divalterra situaron a Vera bajo todos los focos. El entorno del también alcalde de Ontinyent siempre ha considerado que Vera estaba en el origen de este caso.

Las polémicas en la empresa, también con el nombramiento de la nueva responsable de Personal de Divalterra, también salpicaron a Vera. Pero ha sido el caso Azud, en el que se produjo su detención hace ahora justo un año, así como el contenido del sumario en el que se relatan sus relaciones con el empresario Jaime Febrer, el que le ha terminado abocando a su despido.

Este miércoles la comisión de Transformación del Sector Público de la Diputación de Valencia ha tramitado el decreto de Gaspar por el que se hacen efectivas las últimas incorporaciones de personal de Divalterra -que será liquidada este mismo mes- a la Diputación de Valencia. Cuatro empleados, precisamente, del área de los servicios jurídicos de la empresa pública.

Gaspar, en el último pleno de la corporación provincial, ya deslizó a preguntas de la oposición que el futuro de los puestos de alta dirección de Divalterra no estaba en la corporación provincial. Vera era, de hecho, el único de los últimos empleados de la firma pública que tenía contrato de alta dirección.