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Todo iba bien. El Gobierno del cambio, como le gusta denominarlo a Carlos Mazón, navegaba cómodo por las aguas de la legislatura autonómica. Los principales compromisos de la campaña electoral se habían cumplido, PSPV y Compromís bastante tenían con lamerse sus heridas orgánicas, y el discurso del agravio hacia el Gobierno central funcionaba, porque siempre funciona. La ruptura con Vox no había supuesto la voladura de la relación con ese partido e incluso aprobar los presupuestos para 2025 parecía el escenario más probable. La principal preocupación del Consell hasta el pasado martes era conseguir recuperar para Valencia la celebración de la Copa América.
Y llegó el drama. Una DANA monstruosa que arrasó con todo, que ha dejado a su paso más de dos centenares de cadáveres, infraestructuras reventadas y una enorme sensación de soledad en las localidades afectadas. Tres días después de la tragedia, se cuentan por cientos de miles de personas las que se encuentran aún sin agua, sin luz y sin que nadie acuda a socorrerlas. «Hay gente conviviendo con cadáveres en sus casas», proclamó el jueves el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.
Nada volverá a ser igual, una tragedia de estas dimensiones deja una huella imborrable para miles de personas. Localidades situadas a sólo unos pocos kilómetros de Valencia se encuentran desabastecidas, inundadas por el barro y los destrozos. Aún con las carreteras cortadas, resulta bastante difícil de asumir que tres días después no se hayan habilitado canales de respuesta para que los damnificados tengan al menos los recursos básicos para sobrevivir.
Todo ha saltado por los aires. El devenir de la legislatura quedará marcado por la devastación que supone este drama. La legislatura, a partir de este momento, girará en torno a lo que está ocurriendo estos días. Desde la gestión de los avisos de alerta hasta la atención prestada a los vecinos. Y también el papel de las administraciones.
El relato de lo ocurrido hasta ahora, de la gestión de un drama de esta magnitud, ha puesto en cuestión cómo se ha gestionado esta crisis. La famosa alerta telefónica de las 20.12 horas del martes, con el agua inundando ya las calles de muchos pueblos y miles de coches atrapados en las carreteras valencianas, se ha convertido en la metáfora de un gran error. Enviar una alerta a esa hora no sólo resultaba intrascendente, sino que se ha convertido en el sinónimo de actuación desafortunada, inútil y a deshora. Las alarmas, o se envían antes de la emergencia, o no sirven.
Otro de los focos que viene siendo objeto de crítica es una declaración del presidente de la Generalitat, poco antes del mediodía del martes, cuando proclamaba ante los medios de comunicación que el nivel máximo de emergencia se desactivaría a media tarde. Que la declaración se realizara a partir de las previsiones facilitadas por Aemet, o que incluso la delegada del Gobierno se pronunciara en términos similares, no convierte en menos desafortunada la declaración a la vista de los posteriores acontecimientos.
Y la sensación de soledad, de abandono que muchos damnificados expresan a los medios de comunicación desplazados hasta alguna de las localidades arrasadas. Tres días después, con dificultades enormes para recuperar el abastecimiento de agua o de luz -ya no digamos los servicios de telefonía-, que se suman al drama de una cifra de víctimas que no deja de crecer. Que el chef José Andrés pueda desplazarse a Forn d'Alcedo para colaborar y que una administración que maneja un presupuesto de 30.000 millones de euros encuentre estas dificultades para reaccionar resulta dramático.
Mazón, enfundado en su chaleco rojo, ha asumido en primera persona el protagonismo de las reuniones del Cecopi. Pero esas comparecencias junto a la delegada del Gobierno pueden resultar de eficacia relativa cuando de lo que se trata es de estar cerca de los afectados. Hasta este viernes al menos, el jefe del Consell no se había desplazado aún a comprobar in situ la magnitud del drama y las labores de limpieza de las decenas de localidades arrasadas. Imágenes dantescas de pueblos situados a pocos kilómetros de Valencia, pero que en las declaraciones de algunos responsables políticos parecen situados a cientos de kilómetros de distancia.
El chaleco rojo de Mazón, como el de la consellera de Justicia e Interior o como el polo de los bomberos forestales del presidente de la Diputación, incluso el de Protección Civil de la delegada del Gobierno, convertidos en alegoría de una gestión pretendidamente técnica, por parte de políticos que obviamente no son técnicos. Ni rastro de barro en ninguno de ellos.
Un contraste con las imágenes que en otros dramas similares han ofrecido otros responsables políticos. El ejemplo más recordado, el del que fuera canciller alemán Gerhard Schröder, allá por el año 2002, calzado con botas de agua, vestido con camisa de cuadros remangada hasta el codo y con manchas de barro en la mejilla y en el pelo después de ponerse el primero a ayudar en las labores de limpieza por una crecida del Elba. Aquella imagen, por cierto, contribuyó a darle la vuelta a unas encuestas que hasta entonces iban a la contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitaba el martes por la noche declarar la emergencia nacional que hubiera conllevado que fuera el Ejecutivo central el que asumiera la gestión de la crisis. Las razones de no adoptar aquella decisión -se explicó que la administración autonómica estaba actuando correctamente- no disipa la duda respecto a si lo que se prefirió en aquel momento no fue dejar que los responsables autonómicos se socarraran con una tragedia que trasciende con mucho la capacidad de actuación de una administración autonómica.
En algunos medios se especula incluso con que esa sea la razón por la que Sánchez no ha puesto a la ministra valenciana, Diana Morant, también secretaria general del PSPV, a capitalizar la gestión de esta crisis. «Ha sido así, simplemente porque sabe que no se puede salir bien, para resguardarla», señala una fuente del PSPV.
Transcurridos tres dias de la tragedia, la administración valenciana solicitaba formalmente la intervención del Ejército en las labores necesarias para tratar de recuperar un mínimo de normalidad. Tres días parecen demasiados para una decisión que quizá debiera haber adoptado desde el primer momento el Gobierno español, o el valenciano, a la vista de la magnitud de la tragedia.
Aún con ello, la actuación de la conselleria responsable del ámbito de las emergencias resulta más que discutible. La hiperpresencia del secretario autonómico en la etapa del Botánico, el veterano José María Ángel, contrasta con la invisibilidad del actual responsable, Emilio Argüeso, desaparecido de la gestión de este drama humano. La suya es una posición que pasa a estar más que en entredicho a los ojos de las fuentes de la administración. No sale mucho mejor parada la titular de la conselleria, Salomé Pradas.
El devenir de la legislatura cambia desde el pasado martes. Si hasta ese momento el problema del acceso a la vivienda marcaba la agenda política, desde entonces no habrá más asunto que la atención a los damnificados y la recuperación de comarcas desoladas. No habrá nada más. «No puede haber más proyecto político de legislatura que la ayuda a las víctimas», se remacha.
Y el rifirrafe político no será ajeno a esta situación. El recuerdo de lo ocurrido con el tren de Bejís -aquel desafortunado incidente en el que un tren se acabóimetiendo en pleno incendio sin que ningún responsable advirtiera al maquinista de que iba directo a las llamas- no será nada en comparación con lo que ocurrirá ahora que se dispone ya una morgue gigante para acoger todos los cuerpos sin vida. Porque en Bejís no hubo víctimas. De manera que, una vez que transcurra los primeros días o semanas, llegará el otro barro, el fango de la exigencia de responsabilidades, el 'y tú más' en el que se va a tratar de culpar al otro de la gestión de lo ocurrido. Y la alerta que llegó a todas luces tarde, y los avisos que se debían haber dado antes, y las obras de encauzamiento del barranco del Poio que la Confederación nunca hizo...
Una batalla que puede resultar absurda a la vista de los ciudadanos, cada vez más alejados de sus políticos. Se ha producido una quiebra en la confianza sobre los gestores públicos que habrá que tratar de reconstruir, y a la que no ayudará la pelea en el fango político. Y esa quiebra de confianza no entenderá de colores políticos. Antes al contrario, puede ser el germen de movimientos alejados de la política tradicional, o de formaciones antisistema.
Porque la única salida, la única respuesta posible, en términos políticos, pasa ahora por dedicarse única y exclusivamente a atender a los afectados y a recuperar los servicios afectados. No es que no haya otra prioridad, es que no debe de haber nada más. Y la única respuesta pasa por ayudas millonarias, que deben de llegar de todas las administraciones. Un plan especial, probablemente, coordinador por el Ejecutivo central, para tratar de recuperar en algún momento cierta normalidad.
Un antes y un después de la legislatura, y también un antes y un después de la propia historia de la Comunitat Valenciana. Nada será igual, tampoco en la política valenciana.
La conselleria de Hacienda se quedó con el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 en el horno, listo para llevar a Les Corts. El plazo que marca la ley fijaba el pasado jueves como último día para su presentación, pero el departamento que dirige Ruth Merino asumió que a la vista de la tragedia sufrida por la provincia de Valencia resultaba un sinsentido mantener una tramitación parlamentaria ordinaria. Con el paso de los días, la sensación de que esas cuentas han perdido todo su sentido son cada vez mayores. La magnitud de la tragedia, las medidas que va a ser necesario adoptar, las ayudas que habrá que destinar... hacen previsible que el Consell de Mazón opte por paralizar la tramitación de estos presupuestos. La medida, en el caso de adoptarse, provocaría de forma automática la prórroga de las cuentas de 2024, como mínimo hasta que pudieran llevarse a Les Corts unos nuevos presupuestos. La prórroga de los presupuestos es un escenario con el que el Consell también había trabajado a la vista de la posición de Vox. En este caso, de adoptarse esa medida, esa prórroga se prolongaría únicamente hasta que pudieran presentarse unas nuevas cuentas. Entre las posibilidades sobre la mesa, la de aprobar un plan especial, quizá de la mano de otras administraciones, dirigido a aportar el mayor volumen posible de recursos económicos para atender las consecuencias de esta tragedia. La aportación de recursos económicos millonarios se perfila como la única respuesta posible a la devastación generada por la DANA. «Faltan millones y más millones», señala una fuente parlamentaria. Fondos para recuperarse del drama y de la tragedia. Líneas especiales de financiación, ayudas y subvenciones a las que el Gobierno valenciano tendrá que dar luz verde una vez que se pueda recuperar una mínima normalidad. Y para eso, se admite, todavía falta bastante tiempo.
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Jon Garay y Gonzalo de las Heras (gráficos)
Álvaro Soto | Madrid
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